¿Es que nadie va a hacer nada para parar la guerra de Gaza? Es una pregunta recurrente desde que Israel inició su ofensiva contra la franja palestina, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Pasaron días, semanas, meses, y fue quedando claro que si los ataques islamistas no habían tenido parangón en la historia israelí (1.200 muertos, 250 secuestrados), tampoco iba a a haber hemeroteca en la que encontrar una operación militar de réplica tan sangrienta contra los palestinos. Aún así, era inimaginable llegar a los 53.000 asesinados de hoy. Y ahí están, sin contar los que yacen entre los escombros. 

Los bombardeos, con sus muertos, sus mutilados, sus desplazados, sus cooperantes atacados, sus hospitales y escuelas destrozados, su hambre por el bloqueo de la ayuda humanitaria, no sólo siguen sino que se han redoblado en las dos últimas semanas y este lunes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyuahu, confirmó que sus soldados tomarán el control de toda Gaza. Viene "un ataque sin precedentes", mientras que Hamás sigue vivo, los rehenes no han regresado a casa y se profundizan las violaciones de derechos humanos, de los ataques a civiles al desplazamiento forzoso de población. 

Ante este recrudecimiento de los ataques, hoy, por primera vez, el inmovilismo occidental se ha alterado con los primeros gestos serios de presión a Israel en 17 meses largos de contienda. Han venido de potencias mundiales y de la Unión Europea (UE). El llamado Sur Global ya había dado pasos así, pero sin eco mediático. Ahora actúan los que siempre se han negado. A esta hora, no han arrancado un armisticio, obvio, pero sí han causado un terremoto diplomático y preocupación en el Gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu. La coerción puede cambiar las cosas, que es lo que llevan pidiendo todos estos meses organismos de derechos humanos, ONG, partidos de izquierda y hasta la ONU.

El primer aldabonazo ha sido de tres aliados históricos de Tel Aviv como Reino Unido, Francia y Canadá, que amenazaron este martes con con sanciones si no cesa la "desproporcionada" ofensiva israelí. Por ahora son sólo palabras, pero de una contundencia nueva. "Estamos frontalmente en contra de la ampliación de las operaciones militares de Israel en Gaza. El nivel de sufrimiento humano en Gaza es intolerable (...). Siempre hemos defendido el derecho de Israel a defender a los israelíes frente al terrorismo, pero esta escalada es totalmente desproporcionada". 

El Gobierno de Keir Starmer ha sido el primero en pasar del dicho al hecho: para empezar, su Ministerio de Exteriores ha convocado esta tarde a la embajadora de Israel en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, y ha anunciado nuevas sanciones en respuesta a la violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania. Después, ha ordenado la suspensión de las negociaciones para un acuerdo comercial con Tel Aviv por su "política atroz" en Gaza. 

"Si debido a la obsesión antiisraelí y a consideraciones políticas internas el Gobierno británico está dispuesto a perjudicar a la economía británica, es su propia prerrogativa", ha replicado Israel. Por cierto, el laborista británico no es sospechoso de nada: ha protagonizado una cruzada interna en su partido contra el antisemitismo y hasta su esposa es una abogada judía. Dice que es un "franco amigo de Israel". 

Mientras se esperan en cascada medidas similares de Francia y Canadá en las próximas horas, quien ha reaccionado más tarde ha sido Bruselas, que ha anunciado que revisará el Acuerdo de Asociación con Israel a petición de España y otros 16 países. Es la gran baza en su poder para hacer que cambie la política de Bibi (como se conoce popularmente a Netanyahu), ya que la UE es el mayor socio comercial de Israel, representando el 28,8% de su comercio total de bienes (en 2022). Israel, por su parte, es el 25º socio comercial de la UE, copa el 0,8% del comercio total de bienes de la UE en 2022. Claramente, si ese intercambio se frena, quien saldrá peor parado es Tel Aviv. 

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas -muy templada a la hora de abordar este conflicto-, que ha definido la situación en Gaza como "insostenible, insoportable e inhumana". Ha explicado que, en base al artículo 2 de ese acuerdo, relativo a la necesidad de respetar los derechos humanos, la Unión tiene que actuar, revisando los tratados y acuerdos que mantiene con Israel. "Ha llegado el momento de dar un verdadero sentido al artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel", reclamaban los países solicitantes de la revisión. Pues ya está aquí. 

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, uno de los abanderados de la propuesta, resumía claramente en sentir de los defensores de este movimiento, largamente anhelado: "El tiempo de las palabras ha terminado, el tiempo de las declaraciones, el tiempo de las peticiones; llevamos ya demasiados meses. Lo que está ocurriendo en Gaza es demasiado grave. Tenemos en estos momentos una operación militar que no tiene ningún sentido, salvo que se quiera convertir a Gaza en un inmenso cementerio. Tenemos una acción deliberada de Israel de impedir que entre la ayuda humanitaria y, por lo tanto, una hambruna inducida", aseguraba desde Bruselas. 

El debate sobre la mesa

La intensificación de la ofensiva israelí provoca que Europa comience a tomar medidas y aún está por ver en qué resultan, sus consecuencias y efectos. Mientras calan, la palabra que está en la mente de todos es "sanciones", como las impuestas a Rusia y a Bielorrusia, a Irán, Afganistán, Venezuela o Cuba, por distintos actores y motivos. Una palabra tabú en estos meses de ofensiva, porque cómo se va a imponer a un país que Occidente aplaude como "la mayor democracia de Oriente Medio", al que llama "amigo" y "aliado" y "socio", y con el que tiene un cargo de conciencia histórico de 80 años. 

¿Pero qué es una sanción, para empezar? Pues un elemento esencial en las relaciones internacionales de hoy, una herramienta coercitiva que se aplica contra Gobiernos, entidades no estatales como empresas o bancos e individuos particulares. Si un país supone una amenaza y la diplomacia no ha conseguido aminorar su riesgo (para una población, una minoría, un estado vecino...), se puede acudir a esta vía para modificar su comportamiento, reducir su capacidad de maniobra o debilitar su posición y exponer ante el mundo los males de determinados mandatarios.

Son una alternativa a la fuerza armada y, por tanto, aplaudidas por su carácter preventivo y forzosamente proporcional. Aunque ya las perfiló la Sociedad de Naciones hace más de un siglo, cuajaron en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, un conflicto del que se extrajeron lecciones imborrables, es esas que parecían perpetuas pero estamos olvidando. Siempre tienen que contemplarse exenciones, para que no sea el grueso de la población el que sufra en sus espaldas por el mal de quien les gobierna, con revisiones constantes por si las cosas han cambiado y un final, un calendario. No es una sanción sine die.

Hay al menos cinco ámbitos en los que se aplican estas sanciones de forma más habitual:

El problema es llegar a un consenso sobre cómo se deciden y se aplican. Con Israel es especialmente complicado, con el aura de intocable que tiene por razones históricas. Quienes defienden esta vía insisten en que es la más efectiva para lograr cambios en sus acciones, empezado sobre todo por el embargo militar integral, la medida más urgente. 

Respeto al derecho internacional

Finn Lauwers, especializado en Derecho Internacional Humanitario y exempleado de Naciones Unidas por la delegación belga, explica que "una sanción no se impone porque sí, ni es un paso visceral ni debe regirse por intereses geopolíticos", sino que ha de "cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, respetar los derechos humanos fundamentales y las obligaciones humanitarias, atenerse a las normas y dirigirse siempre sólo a estructuras de opresión, sin causar daños indebidos a civiles". 

Quiere alejar la idea de "castigo" y cambiarla por la de "presión". "Las sanciones buscan un cambio, una transformación, no una venganza, por eso tienen que estar justificadas, ser adecuadas y proporcionales, éticamente justificables, concretas para ser eficaces, porque lo que se busca es parar una situación que no es justa". "Lo mismo pasa con los acuerdos que se suspenden, congelan o rompen, con las alianzas comerciales, la presión diplomática o la ruptura de relaciones en ámbitos científicos o académicos. Todo va en la misma dirección". 

En el caso de Israel, el pacifista entiende que las sanciones estarían "justificadadas" porque la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Asamblea General de la ONU han emitido informes y resoluciones (julio y septiembre de 2024, respectivamente) que las explicarían por la ocupación de territorio palestino, "porque hay mucha historia antes de Gaza para armar un argumentario así", recuerda. 

Lauwers añade un ángulo en el que no se suele reparar: que las sanciones no sólo se justifican o no por unos hechos, de un estado o Gobierno, sino que la comunidad internacional tiene la obligación de imponerlas si cree que hay violaciones del derecho. Es bidireccional. "Las sanciones las impulsan los responsables políticos cumpliendo con sus obligaciones ante el derecho internacional. Está para velar por el bien común, para poner fin a violencias o pedir rendición de cuentas. Las obligaciones legales son dobles: de Israel de atenerse a las leyes de la guerra y de las demás naciones, de garantizar la aplicación del derecho internacional. Si no, se socava doblemente el sistema multilateral del que nos hemos dotado en las últimas décadas", expone. Y va más allá: "Lo contrario es complicidad, no respeto al derecho". De ahí que se felicite de los pasos conocidos hoy, por "insuficientes" que sean. 

El abogado y politólogo sostiene que el mundo tiene "el imperativo moral de hacer algo para frenar la ofensiva en Gaza y los ataques y ocupación en Cisjordania", denuncia que desde octubre de 2023 "no se han tomado medidas específicas" para proteger el derecho internacional y que existe una "especia de impunidad total" para con Tel Aviv, término que, recuerda, ha empleado hasta el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, declarado persona non grata por Israel justo por su posicionamiento. "Estamos mandando al vertedero a las instituciones globales de las que nos hemos dotado si no se actúa respecto a la ley que se ha consolidado en todos estos años", insiste. 

Su visión la comparte Ezequiel Cruz, experto en derecho internacional y antiguo cooperante mexicano en Palestina (Hebrón, Ramala y Gaza), quien entiende que las sanciones y el apremio internacional "concreto" son una "salida óptima" para lograr tres objetivos "esenciales": "el fin del genocidio en Gaza; el reconocimiento de que la causa palestina sigue viva, con sus derechos, y la voluntad de que haya una asunción de cuentas" por los supuestos delitos cometidos. 

"Hay una creciente mayoría global que apoya estas medidas de presión porque tienen la visión fundamental, que va más allá de toda ideología o fe o conveniencia, que es la de salvar a la humanidad. No puede prevalecer la ley del más fuerte, eso nos llevó a guerras mundiales en el pasado. Los países se han unido en el consenso del 'nunca más' y hay que estar vigilantes y actuar. No se está actuando", concluye, especialmente preocupado por el número de niños muertos en Gaza, que superan los 15.000, según los datos más conservadores. 

Los palestinos, dice con cierta sorna, nunca han tenido mucha esperanza en las instituciones internacionales, "desde que vieron su tierra partida en dos en 1947", pero "esta situación, sin comparación, les confirma el olvido del mundo pese a que hay una base legal e inequívoca para actuar", denuncia. "Es un pueblo indígena, ocupado, cuyo derecho a un estado y al retorno de sus refugiados ha sido reconocido por la ONU, donde ahora se añade la ofensiva gazatí. Parece que no es suficiente", añade. Habla de una "fatiga" general respecto al conflicto, cronificada y que no revive ni con la cifra de víctimas de hoy o con la anunciada ocupación total de Gaza. 

En el caso de Israel, como indicaban los dos expertos citados, las denuncias por violaciones de derechos son antiguas, tanto como el conflicto con Palestina, pero ahora se añade un agravante que es que se ha explicitado la voluntad de despejar un territorio, de sacar a un pueblo de su tierra al 100%, de ocupar y cambiar las tornas. Ahí están las declaraciones de Netanyahu y de los ministros más radicales de su equipo, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que se niegan hasta a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y apoyan a los grupos de colonos que se quieren instalar cuando la guerra acabe. "Las intenciones están claras", resume Cruz. 

No hace falta ir todos a una

Las sanciones han sido un medio eficaz de cambiar las cosas. El mejor ejemplo, las aplicadas a Sudáfrica para acabar con apartheid (palabra que ya emplea también la ONU para definir la situación en los territorios palestinos). Lo lograron, se acabó con la segregación racial, con el aval de la ONU. Menos resultados se han visto en las que han impuesto de forma unilateral naciones bloques, especialmente las de Estados Unidos en Cuba, un bloqueo que no ha logrado el cambio de régimen pretendido. 

En el caso israelí, en Naciones Unidas es muy complicado lograr una presión así, ya que cuenta con el apoyo perpetuo de EEUU en el Consejo de Seguridad. Con su derecho a veto, sólo desde octubre de 2023, Washington ha evitado ya cuatro resoluciones pidiendo un alto el fuego en Gaza. "Somos humanos. ¿Hay acaso una ley para ellos y otra para nosotros? ¿Tienen ellos el derecho de matar y nosotros el único de morir?", se quejaba amargamente la legación palestina. 

La institución está desgastada por este sistema con el que se dotó tras la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo sabe que hay que reformar y nadie sabe cómo reformar. El planeta ha cambiado, pero el poder no. Con ese bloqueo norteamericano, las sanciones no llegarán. Es más: la acumulación de informes de la ONU acusando a Israel, el rechazo de Netanyahu a sus agencias (empezando por la de los refugiados palestinos, UNRWA) y el recorte a buena parte de ellas emprendido por la Administración Trump han llevado a un momento de debilidad desconocido. 

Hay también un problema legal de fondo, al que se aferran quienes no quieren represalias a Israel: tras su Cumbre Mundial de 2005, la ONU acuñó el concepto de "responsabilidad de proteger", según el que cada Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. La comunidad internacional también tiene la responsabilidad de proteger a pueblos de esos crímenes a través de medios pacíficos. "·En ese contexto, estamos listos para actuar colectivamente, de manera eficaz y tempestiva […], si los medios pacíficos resultan inadecuados y las autoridades nacionales manifiestamente fracasan en proteger a su población", reza el artículo 139, en concreto. En el caso palestino, En el conflicto en Gaza, hay quien dice que no es aplicable, porque se refiere al deber de los Estados de proteger a su población, y los palestinos no son israelíes. Lauwers lo ve una "excusa", porque "un ocupante tiene la obligación de encargarse de la población ocupada y este es el caso". 

Tanto el belga como el mexicano se duelen de este atranque en Naciones Unidas pero defienden que hay otras vías para intentar que Israel cambie su manera de actuar, más individuales o regionales, como las conocidas hoy. De forma particular, nacional, pueden llamarse a consultas a embajadores o retirarlos (lo que ha hecho Reino Unido), detener exportaciones o importaciones de bienes (lo que va a estudiar Europa), congelar activos, complicar operaciones bancarias, limitar permisos de viaje o apoyar causas en La Haya. "Lo que se ha hecho con Rusia", como dice Cruz, desde que se anexionó Crimea en 2014 y desde que empezó la "operación militar especial" contra Ucrania en 2022. Es la comparación automática. 

"Si globalmente no es posible, hay que buscar acciones a otra escala. En este caso -indica Lauwers-, la Unión Europea puede jugar un papel esencial, como lo ha hecho con los 17 paquetes de sanciones al régimen de Vladimir Putin, justificados hasta la última coma. Europa puede liderar el camino porque es, en bloque, la tercera economía mundial y, en concreto con Israel, es Tel Aviv quien tiene más que perder. Si bloquea el Acuerdo de Asociación UE-Israel o la Política Europea de Vecindad en el mar Mediterráneo, puede hacer daño", indica. 

El problema en el viejo continente es la división. En toda esta crisis hemos pasado de la cercanía de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con Israel, a la contundencia del exjefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que hasta planteó una hoja de ruta para lograr un estado palestino de pleno derecho. En el seno de los Veintisiete, lo mismo: hay países como Hungría que han acogido a Netanyahu sin ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra (hoy su Parlamento ha ratificado incluso la salida del país de la Corte Penal Internacional) y quienes han reconocido el Estado de Palestina, como España o Irlanda. De Alemania y su culpa inmemorial por el holocausto todo se sabe. 

Respecto a las sanciones, llegó a decir Borrell ante la ONU: "Son un instrumento clave a nuestra disposición para contrarrestar las violaciones del derecho internacional, la proliferación de armas, detener el flujo de armas a zonas de guerra… para combatir los abusos de los derechos humanos y perseguir a quienes intentan socavar los procesos de paz… Están diseñadas para provocar cambios en las políticas o actividades". Corría el año 2021. 

Las únicas sanciones cosechadas en estos meses han sido para contados colonos de Cisjordania y el este de Jerusalén, por su violencia contra ciudadanos palestinos y sus propiedades, disparada en paralelo al asedio de Gaza. Es algo muy básico y limitado, que afecta apenas a una decena de personas por país, desde España a EEUU, pasando por Australia, Reino Unido, Canadá, Japón y la UE como bloque. También Malasia, en noviembre pasado, anunció que tiene intención de pedir en la ONU la expulsión de Israel del club de 193 estados, "porque ya no pertenece al grupo de las naciones civilizadas", en palabras de su primer ministro, Anwar Ibrahim. 

Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, ha pedido públicamente castigar a Israel por lo que denomina un "ostentoso genocidio" y critica la pasividad internacional. A su entender, según se extrae de diversos comunicados de prensa, "es el momento de unirnos por algo mejor" y la unidad debe manifestarse, también, con contundencia cuando se violan los derechos humanos. Acusa a Tel Aviv de perseguir el "borrado" y la "deshumanización" de los palestinos y defiende acciones concretas, en bloque o particulares, como el proceso abierto hoy en el Congreso español para que una ley aplique un embargo de armas a Israel, que es la tercera mala noticia que ha llegado de Europa a Israel, por más que aún tenga mucho camino que recorrer para ser una realidad. 

"El derecho internacional no es una promesa solamente. Es un conjunto de obligaciones y son universales, se aplican a los poderosos y a los débiles, a los ricos y a los pobres, a los grandes y a los pequeños", dice la italiana. Este año, ha publicado dos informes (Anatomía de un genocidio y El genocidio como borrado colonial) en los que da argumentos para que haya, a su juicio, intervención internacional en esta guerra: muertes, lesiones graves físicas y mentales, desplazamiento de población, condiciones de vida que llevan a la "destrucción"... 

Ante eso, "tenemos que unirnos, decidir hasta qué punto apoyamos o no este sistema", insiste. "Hay que empezar pidiendo responsabilidades cerca, en casa, a los Gobiernos y empresas del propio país. Se suele señalar a la ONU, pero ella resume lo que somos los estados", matiza. Su mensaje final a las capitales: "Hagan lo correcto. Empiecen a acatar el derecho internacional. Lleven a sus países por un camino virtuoso". 

De premios y amenazas

Ahora sale esta tripleta de Londres-París-Otawwa y el anuncio de Kallas y está por ver en qué queda la amenaza de potencias occidentales. Es llamativo su toque de atención porque todos son territorios históricamente muy conectados a Israel y con inmejorables relaciones con sus Gobiernos. Reino Unido es el país colonial que abandonó a Palestina y apoyó por primera vez el establecimiento de un estado para los judíos y hoy tiene importantes lazos en seguridad o tecnología con Tel Aviv. Francia, el país con más judíos de Europa y que siempre ha arropado a Israel en casos de persecución, mientras que Canadá tiene vínculos culturales también por su notable comunidad judía y también un jugoso acuerdo bilateral de libre comercio. Y Von der Leyen siempre ha estado marcadamente inclinada a Israel y su derecho a la legítima defensa. 

Que justo ellos den el paso es relevante porque a otros, de inmediato, se les llamaría antisemitas. A Londres ya le ha dicho eso de que tiene una "obsesión antiisraelí", que es contundente. Netanyahu ha acusado a los tres estados de "premiar" a Hamás y sus ataques "genocidas". "La guerra puede terminar mañana si todos los rehenes son liberados, Hamás depone las armas, sus líderes asesinos son exiliados y Gaza es desmilitarizada", agregó el primer ministro de Israel en un comunicado. "Esta es una guerra de la civilización sobre la barbarie. Israel se seguirá defendiendo con medios justos hasta conseguir la victoria total", concluyó.

El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, ya ha dicho que si llega a haber sanciones occidentales hay que esperar "el desmantelamiento total de la Autoridad Nacional Palestina, incluyendo sus instituciones y su economía". 

"Israel depende de los mercados globales porque tiene poca o casi nula relación con sus vecinos de Oriente Medio. Igual que le dolió que Turquía le cerrase sus mercados el año pasado, puede dolerle que lo hagan algunos países que siempre han sido amigos, como estos tres", remarca Cruz. 

La presión le llega al líder del Likud también de dentro. Su anuncio de ir a por todas en Gaza ha indignado a buena parte de las familias de los secuestrados en la franja, que ven más lejos su retorno a casa. Y ha cosechado declaraciones de un voltaje desconocido en la oposición, como las del líder de la formación de izquierda Los Demócratas, Yair Golán, quien en una entrevista ha avisado de que Israel se convertirá en un "estado paria, como lo fue Sudáfrica" si continúa su guerra y que un "país sensato no libra una guerra contra civiles, no mata bebés por afición, ni se fija objetivos como la expulsión de una población". "El Ejército israelí es el más moral del mundo", ha sido la respuesta airada de Netanyahu.

Tel Aviv, en las últimas horas, ha permitido la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, tras más de dos meses de bloqueo total a alimentos, agua, combustibles o medicinas, lo que ha generado una crisis sin precedentes. UNRWA sostiene que en el primer día de acceso han entrado sólo nueve camiones y se espera que suban a 30 en el segundo, unas cifras irrisorias si se tiene en cuenta que lo que necesitan los gazatíes son 500 camiones al día, que son los que accedían a la zona antes de la guerra. No llega para salvar a las personas con malnutrición severa que, además, necesitan ya tratamientos especiales a estas alturas de daño. 

Hoy Gaza es "un fracaso colectivo, político y moral de la comunidad internacional", como se dolía Borrell. ¿Habrá cambios a la vista? Algo parece que se mueve.