Tres momentos. El primero, a comienzos de los años 80. Entonces, y según detalla una publicación de Red Eléctrica de España (REE) que contextualiza su nacimiento, se produjo "una disputa" en el sector eléctrico español. Por un lado, "unos agentes privados [los empresarios propietarios de las compañías eléctricas]" que buscaban "su propio beneficio"; por el otro, un Estado que "se veía obligado a nacionalizar la red [de alta tensión] siguiendo el principio de buscar la máxima eficiencia en su gestión". Y así fue. España nacionalizó el suministro eléctrico y en 1985 nació Red Eléctrica de España. Segundo momento, los años 90 y 2000. El Gobierno de José María Aznar ejecutó lo que luego llamarían "revolución silenciosa". En menos de una década, España privatizó 60 empresas públicas (entre ellas, REE) por un valor equivalente a más del 6% del PIB. Según luego contaría Ricardo Martínez Rico, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos al final de la última legislatura de Aznar, "entre 1996 y 2003 España se embarcó en una profunda dinámica de desmantelamiento del sector público empresarial", un hecho que supuso "la mayor transferencia de propiedad realizada desde las desamortizaciones del siglo XIX". Tercer y último momento, 28 de abril de 2025. España sufre un apagón. Red Eléctrica Española es una empresa cuyo mayor accionista es el Estado, con un 20%. Le siguen el empresario Amancio Ortega, con un 5%, y el gigante Blackrock, con un 4,64%. El 70,22% está en manos de capital flotante, es decir, acciones en Bolsa.

¿Pero Red Eléctrica es pública o privada? En noviembre de 2022, durante la inauguración del eje eléctrico Caparacena-Baza, el presidente del Gobierno la definió como una "empresa de colaboración público-privada". Tras el apagón, Pedro Sánchez habló de la responsabilidad de los "operadores privados", sin especificar si incluía en esta descripción a REE o no. Cuando se creó, el Gobierno llegó a un acuerdo con los presidentes de las seis grandes compañías del sector eléctrico para la nacionalización de la red de alta tensión. Entre estas empresas, por cierto, estaba Endesa, entonces también pública. El Ejecutivo socialista se comprometió con todas las compañías a que esa sería "la única nacionalización programada en dicho sector, quedando garantizada a las actuales empresas la propiedad y la gestión del resto del mismo". Se acordó la creación de una sociedad mixta, futura REE, en la que la participación pública sería siempre superior al 50% para asegurar el control gubernamental. Ese límite fue reduciéndose con las privatizaciones. En estos momentos, por ley, la participación pública no puede ser inferior al 10%. Aunque el porcentaje asegura al Estado ser el accionista mayoritario, el control no es público. El 80% de las acciones de Red Eléctrica están en manos de agentes privados, sean particulares o empresas. Como empresa que cotiza en Bolsa desde el 7 de julio de 1999, además, Red Eléctrica ha de garantizar el reparto de beneficios entre sus socios.

Por mucho que el Gobierno sea accionista mayoritario de Red Eléctrica y que sus presidentes, como la actual, Beatriz Corredor, sean propuestos por el propio Ejecutivo, resultaría capcioso considerar REE como una empresa de control público. Lo que sí es cierto es que su actividad, el monopolio de un servicio esencial como es el transporte de la energía eléctrica, está regulada por normativa tanto española como europea. En España, su funcionamiento lo ordena la Ley del Sector Eléctrico. La norma, que recoge "el derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica", contempla, por ejemplo, la intervención del Gobierno "para garantizar el suministro" en determinados supuestos. El Ejecutivo podría llegar a ejercer la "operación directa de las instalaciones de generación, transporte y distribución". No hace mucho, el Estado controlaba por sí mismo estos aspectos, con Endesa para la producción y distribución y con Red Eléctrica para el transporte. Pero ya no.

Y, entonces, el apagón total. ¿Habría sido diferente si Red Eléctrica fuera pública, o si existiera una empresa pública de electricidad, ya fuera para la generación, el transporte o la distribución, incluso la comercialización? Es difícil aventurar una respuesta si todavía se desconocen los motivos que provocaron el fallo del suministro, pero sí hay aspectos que podrían haber sido distintos. Sin ir más lejos, la información. Con España apagada, el Gobierno reclamó la colaboración tanto de Red Eléctrica como de todas las compañías privadas de electricidad. El presidente del Gobierno insistió en una "investigación independiente" al margen de REE, incluso aseguró haberse enterado por los medios de que las indagaciones de Red Eléctrica habían concluido que no existió un ciberataque a sus sistemas. En Moncloa, Sánchez se reunió con Beatriz Corredor, presidenta de REE, y con Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. "He mantenido una reunión de urgencia con los operadores privados del sector eléctrico. Les he agradecido su labor en la pronta recuperación del suministro, y les he pedido que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente", dijo.

¿Pero y si fuera pública? ¿Habría habido siquiera un apagón? ¿Podría haberse evitado si fuera el Estado el que controlara la red? La respuesta, como siempre, está en los números. En el dinero y en el sinfín de intereses privados entremezclados entre Red Eléctrica y el conjunto de compañías eléctricas privadas. Así lo defiende Antonio Turiel, investigador científico del CSIC y experto en energía. "Hay una serie de intereses económicos que están primando por encima de los criterios meramente técnicos", asegura a El HuffPost. ¿Pero cuáles son estos intereses? Hay varios. Para empezar, muchos inversores están al mismo tiempo en Red Eléctrica como en las compañías comercializadoras de energía. El gigante inversor BlackRock, por ejemplo, tiene mucho peso en compañías como Iberdrola, Repsol o Naturgy, entre otras.

El asunto es complejo, pero con Turiel se entiende mejor. Un ejemplo. Si, como cree el científico, el apagón se debió a una sobresaturación de energía, sería lógico pensar que podría haberse evitado si se frenara la producción. ¿Por qué no se hizo? Habla Turiel: "La operadora de la red, Red Eléctrica, tiene la capacidad ejecutiva. Es decir, puede ordenar a las centrales que dejen de meter electricidad en la red. Si ves inestabilidad en la red, algo que era patente porque había demasiada energía, como regulador puedes ordenar desconexiones. Y las compañías tienen que obedecer si quieren seguir utilizando la red". Pero las eléctricas no quieren dejar de producir, algo incomprensible si se tiene en cuenta que el 28 de abril el precio de la electricidad en el mercado estaba en negativo. Sucede cuando hay más oferta que demanda. Entonces, ¿por qué seguir produciendo y metiendo energía en la red si además costaba dinero hacerlo? Pues porque a las eléctricas, por extraño que parezca, no les supone pérdidas. "Se hicieron por ejemplo los PPA (Power Purchase Agreement), según los cuales el Estado siempre asegura que las eléctricas van a poder vender a un precio establecido pase lo que pase siempre y cuando produzcan energía. Por eso les interesa producir todo el rato", explica Turiel.

Hay más. Con el apagón ya en marcha, el suministro podría haberse restablecido con prontitud si existiera una reserva de energía. Pero, de nuevo, las eléctricas no estarían dispuestas. "Aunque Red Eléctrica puede ordenar que haya ciclos combinados en disponibilidad, las compañías energéticas se quejan de que les pagan poco", dice Turiel, que añade: "Una de las reivindicaciones de las eléctricas es que se haga una subasta de capacidad para que genere reserva el mejor postor". En definitiva, lo que prima, una vez más, son los intereses económicos. No sería así, manifiesta el científico, si se tuviera en cuenta el criterio técnico para garantizar un derecho.

Otro obstáculo reside en la legislación actual. Según Turiel, los reglamentos europeos "están pensados en una penetración de las renovables diferente. Podría, quizás, hacerse una legislación que estableciera un control más estricto y mejorase los reglamentos técnicos. Pero al final lo que debe imperar es el sentido común de los técnicos de Red Eléctrica, que son los que mejor conocen la red. No se puede tener que legislar hasta la última característica técnica. También podrían definirse mejor los indicadores de riesgo, que estaban disparados el 28 de abril, pero también muchos otros días durante ese mes, y si hay mala gestión, que se impongan indemnizaciones".

Para Turiel, sin embargo, el principal problema es la presión a la que las eléctricas someten a Red Eléctrica. "Hay — dice — quejas continuas desde las compañías, que dicen que la operadora de la red es muy dictatorial. Eso al final ejerce mucha presión". Una coerción que se suma al conflicto de intereses ya mencionado y que no existiría si Red Eléctrica fuera, como al inicio, una empresa pública, ya que este tipo de entidades no tienen como ambición el sacar el máximo beneficio económico.

Tras el apagón, partidos como Sumar, socios del PSOE en el Gobierno, o Podemos insistieron en la necesidad de recuperar el control público de la red eléctrica. La petición no es nueva. Ya en 2018, por ejemplo, lo propuso Unidas Podemos en las negociaciones con los socialistas para aprobar los Presupuestos de 2019. Entonces, el presidente de REE, el también socialista Jordi Sevilla, contestó poniendo un precio a la nacionalización: "Si tienen 8.000 millones de euros y consiguen mayoría parlamentaria, que lo hagan". La cifra volvió a sonar esta semana en el Congreso tras la comparecencia de Pedro Sánchez. Se la sacaron al presidente el diputado de ERC Gabriel Rufián o la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua. Ambos compararon los 8.000 millones que costaría comprar el 80% restante de Red Eléctrica con los 10.000 millones anunciados en el plan de rearme. "Quizás sería mejor utilizar ese dinero a que la luz vuelva a ser un derecho para todos y todas y no comprar más armas", dijo Rufián.