Miguel Ángel Gallardo, investigado en la causa de David Sánchez, dejará su cargo para ser diputado autonómico
De acceder a la Cámara legislativa regional, Gallardo adquiriría la condición de aforado, es decir que en caso de ser juzgado habría de serlo por un tribunal superior al ordinario.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo (PSOE), investigado en la causa abierta contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha anunciado que dejará este cargo para incorporarse "de forma inmediata" como diputado autonómico en la Asamblea extremeña. De acceder a la Cámara legislativa regional, Gallardo adquiriría la condición de aforado, es decir, que en caso de ser juzgado habría de serlo por un tribunal superior al ordinario.
Por ello, y si finalmente se celebra juicio oral por la causa contra David Sánchez, en la que él también está investigado, el procedimiento deberá ser trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), han confirmado a EFE fuentes judiciales.
Su intención de ser diputado autonómico y renunciar a la Presidencia de la Diputación pacense la ha dado a conocer esta tarde en rueda de prensa tras una reunión celebrada por la Comisión Interparlamentaria del PSOE extremeño, del que es secretario general. En su comparecencia, Gallardo ha subrayado que su paso a la Asamblea no supone "inmunidad" y que el proceso judicial en el que estará inmerso "seguirá su cauce".
En este sentido, ha reconocido que ha cambiado de opinión al decidir entrar ya en el Parlamento, pues en su día manifestó que lo haría una vez concluido el proceso judicial, y lo ha justificado ante el intento del PP y las acusaciones populares de alargar la causa "como si fuera un chicle" y, en el caso del primero además, de impedirle confrontar políticas en el Parlamento extremeño.
Este paso, según ha explicado, lo da para poder estar "en el centro de la política" extremeña, en alusión a la Asamblea, y combatir desde allí "al peor Gobierno que ha tenido Extremadura", como ha calificado al Ejecutivo de María Guardiola (PP).
Tras el auto de procesamiento dictado por la jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, contras las once personas que figuran en la causa por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, entre ellas David Sánchez y Gallardo, las acusaciones populares elevaron una petición de apertura de juicio oral en la que piden tres años de prisión para ambos.
Por contra, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz el archivo del procedimiento por entender que "no hay indicios racionales" de criminalidad, como también consideran las defensas particulares.
Si finalmente no se procede al sobreseimiento de la causa, el juicio oral, atendiendo a la situación actual de los investigados, se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz. Por contra, si dicha apertura se produce cuando Gallardo ya sea diputado autonómico, el procedimiento deberá ser remitido al TSJEx.
Cinco renuncias para acceder a la Asamblea
Para que Gallardo acceda a la Asamblea es necesario que uno de los 16 diputados autonómicos del PSOE por la provincia de Badajoz deje su escaño y que cuatro personas integrantes de la lista electoral socialista renuncien a la posibilidad de ser diputado autonómico.
Gallardo figuraba en el puesto 23 de la lista autonómica del PSOE por Badajoz en las últimas elecciones autonómicas, en las que los socialistas pacenses lograron 16 escaños. Tras la renuncia al cargo de dos de ellos -Guillermo Fernández Vara y Rafael Lemus-, se incorporaron a la Asamblea los candidatos situados en los puestos 17 y 18.
El abogado de David Sánchez pide archivar la causa
La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido el sobreseimiento de la causa en la que está investigado considera que el proceso ha tenido "carácter político, instrumental y teleológico".
Emilio Cortés, abogado de Sánchez, ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de acomodación de la causa por prevaricación admnistrativa y tráfico de influencias, los dos delitos que figuran en el escrito de procesamiento dictado por la jueza instructora, Beatriz Biedma.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado considera que no existen indicios criminales contra su representado y señala que en el proceso "se han impuesto de una manera absolutamente inasumible los intereses de las acusaciones populares".