Unas horas después de conocer que las negociaciones con los de Carles Puigdemont en Bruselas habían llegado a buen puerto, ya se conocen los detalles del acuerdo PSOE-Junts para la cesión de competencias en materia de migración a Catalunya. Según consta en el documento al que ha tenido acceso El HuffPost, han decidido darle forma de ley orgánica -cuestión que obliga a una mayoría absoluta para su aprobación- y esta proposición ya ha sido registrada este martes en el Congreso. 

El objetivo final de dicha norma, que deberá ser sometida a votación en el Hemiciclo, es garantizar que Catalunya "podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país -incluida la integración lingüística- basada en un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso". Y su razón de ser se sustenta en el artículo 150.2 de la Constitución española. En ese punto, el Gobierno ha concretado más tarde que no se trata de una cesión de competencias, sino de una delegación.

La Generalitat gestionará la expulsión de migrantes, pero -y aquí está la clave- siempre que haya una prohibición de entrada. Concretamente, la Generalitat pasa a tener la "competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución)". ¿Qué quiere decir esto? En líneas generales, "instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente", es decir, las devoluciones, pero también tendrá la posibilidad de hacerlo con que sí lo requieran.

En cambio, "las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya". De la misma manera, también se encargará de la gestión de los permisos de residencia. 

'Ventanilla única', control integral de los CIE y compartido en puertos, aeropuertos y zonas críticas

El de la gestión de los permisos de residencia no sería el único cambio en materia administrativa en este área. Además, el proyecto de ley registrado plantea que "Catalunya se configura como 'ventanilla única' en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español".

Por otro lado, también habrá cambios relevantes en las responsabilidades de la policía catalana en este sentido. Los Mossos d'Esquadra también se harán cargo de la seguridad en zonas críticas, puertos y aeropuertos, siempre en colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil, por lo que habrá policía catalana en la frontera. En este apartado se incluyen también los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE, que ahora pasará a ser gestionados integralmente por la comunidad autónoma catalana.

Incremento de 1.800 agentes con la meta en los 26.800 y blindaje del idioma

Si bien ya había trascendido anteriormente, queda confirmado el elevado aumento de agentes que se incorporarán a los Mossos. El acuerdo fija una subida de 1.800 efectivos, pero la meta está puesta en llegar a los 26.800 agentes de la policía catalana. También, y de nuevo de forma lógica, al ser una competencia transferida a una comunidad con idioma cooficial, "en materia lingüística, se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas".

Con todo, el documento no especifica cuantías económicas, aunque sí deja estipulado que será "el Estado español" el que "transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Catalunya ejerza la competencia que se le delega". Una cuestión lógica al asumir una nueva competencia, pero que indudablemente pasará a formar parte del argumentario de críticas a este acuerdo.

Mayor decisión sobre contrataciones en origen, competencia en lucha contra la trata

Por otra parte, el acuerdo refleja otra importante pata que tiene que ver con la migración en el Estado español, sobre todo tras las medidas aprobadas por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones en cuanto a movilidad laboral de extranjeros. Hablamos de las contrataciones de trabajadores de terceros países en origen. Con esta nueva ley, sería la propia Generalitat la que determinará "junto a sus empresas y sindicatos" los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras".

Por último, y de nuevo en el ámbito de la seguridad y la protección a los seres humanos, los Mossos asumirían "la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos". Cabe recordar que este tipo de delitos están en estrecho vínculo con la migración ilegal y el tráfico internacional de personas.