"La Xunta viene de ganar unas elecciones. Fue de manera contundente. Todo el mundo conocía de primera mano cuál es la planificación de la Xunta, cómo actúa la Xunta. [...] Nadie bebe agua del río directamente". Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. 23 de marzo de 2025, en 'SER Galicia', al día siguiente de la histórica manifestación por mar y tierra contra Altri en A Pobra.

-Ribeira (A Coruña). A medida que el proyecto de Altri sigue su curso administrativo, el caudal de la resistencia contra la pretensión de la multinacional lusa de erigir una macro industria destinada a la producción de pasta de papel -y en menor medida fibra textil lyocell- en Palas de Rei (Lugo) no deja de aumentar. La macro factoría que abarcaría tanto terreno como la capital gallega y que usaría 46.000 metros cúbicos de agua diarios -lo que consume la provincia-, devolviendo 30.000 tras un tratamiento ampliamente cuestionado; ya tiene aprobada su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Supone un nuevo espaldarazo del Ejecutivo del popular Alfonso Rueda al proyecto, una luz verde más de la que el propio ministro de Industria, Jordi Hereu, dijo que estaba "muy condicionada", adelantando que "es independiente del proceso de concesión de ayudas" y recordando que el proyecto "se mueve en un entorno con altos valores y recursos naturales, fluviales, paisajísticos".

Con todo, el camino que deberá recorrer el proyecto todavía está lejos de terminar y de quedarse en una decisión tomada en España. Puede verse obstaculizado o enterrado por la siguiente amalgama de factores, en distintos escenarios y en planos que van desde el ámbito administrativo, técnico, legal o político. En medio de una fuerte contestación social.

1- La cuestión técnica y el frente judicial: la 'pelota' nunca se movió del tejado de la Xunta

Tras la aprobación de la cuestionada DIA, el presidente de la Xunta no tardó en poner la pelota de Altri en el tejado del Ministerio de Industria, aludiendo a que ahora deben pronunciarse en Madrid en lo referente a la tramitación en la línea del PERTE de descarbonización, donde opta a los fondos públicos que la propia empresa aseguró que son necesarios para la viabilidad del proyecto. "Le toca ahora al Gobierno central mover ficha", señaló Rueda.

Sin embargo, podría decirse que la pelota no se ha movido en ningún momento del tejado de San Caetano. En los despachos de organismos de la Xunta todavía quedan asuntos pendientes. Precisamente, uno de ellos conforma la primera de las vías que podrían acabar tumbando el proyecto. Esta DIA favorable se sumó a que el proyecto ya tenía un informe positivo de Augas de Galicia. Pero todavía no se ha resuelto su solicitud para la captación de aguas. 

"Es una concesión de aguas dentro del reglamento de dominio público hidráulico y se da a 75 años. Desde que se abre el expediente tienen 18 meses, así está por decreto, para decir si se la dan. Nosotros decimos que esos 18 meses ya acabaron en septiembre de 2024", explica a El HuffPost Ana Santamariña, vocal de Aguas de la asociación ecologista Adega. "Iniciamos una campaña de 'Sen auga non hai celulosa' (Sin agua no hay celulosa) para que la gente firme y exija a Augas de Galicia que archive el expediente", señala de uno de los frentes contra Altri en el plano jurídico-administrativo.

Pero hay otra clave. El proyecto tampoco dispone aún de la Autorización Ambiental Integrada (AAII) -el siguiente paso tras la DIA-, donde se estipulan cuestiones como los valores y niveles de emisiones al agua y al aire o, por ejemplo, los controles que se deberán realizar periódicamente. "Hemos abierto un crowdfunding para ir a juicio, uno para ir a un contencioso-administrativo para exigir el archivo del expediente de Augas [de Galicia] y la siguiente será para intentar echar fuera la AAII", explica Santamariña.

"Estamos preparados para cuando salga", subraya. Tenían tres meses fijados como objetivo temporal de recaudación, pero en menos de tres semanas han logrado conseguir los 39.100 euros necesarios. "Hay que incidir. Uno: no tienen agua. Dos: no tienen fondos públicos. Y tres: no tienen la autorización ambiental. Por más que intenten decir que ya está, a esto le queda muchísimo recorrido".

Santamariña también es doctora en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos y tiene claro que "a nadie se le puede ocurrir poner una industria tan contaminante en el tramo alto de un río, ya sin tener en cuenta todos los valores biológicas que se van a perder. Hay muchísimas especies amenazadas que se perderían, como la náyade". Y advierte de carencias o defectos, como que no se ha analizado el impacto de un vertido de obras que estaría activo durante dos años. 

Respecto a otro de los vertidos, "el que estaría al lado de la industria", recuerda que "les obligaron a reducir los contaminantes [respecto al proyecto presentado inicialmente]". No obstante, preocupan algunos valores, como el de los sulfatos: "Son 2.000 miligramos por litro de sulfatos lo que quieren emitir, multiplicado por el caudal máximo de vertido, serían 60 toneladas al día. No se ha estudiado la repercusión que puede tener o un estudio de dilución, como se hizo con otros contaminantes, para ver cómo se van esparciendo alrededor del río".

"La conselleira [de Medio Ambiente] dice que 'nadie bebe agua directamente del río'", continúa, "ahora mismo, las potabilizadoras que tenemos bajo el embalse de Portodemouros, del que beben muchísimas personas aguas abajo, no tienen ósmosis inversa, que sería uno de los tratamientos que podrían eliminar estos sulfatos". 

También pone el foco en que no se han tenido en cuenta proyecciones y modelos respecto al efecto del cambio climático en la reducción del caudal de la cuenca del río Ulla, como los del Plan Hidrológico de Galicia Costa, "estimaciones de la Xunta". Para 2039 prevé una bajada de hasta el 8,39%. En esa línea, y de cara al futuro, deja otra reflexión. 

Antes de que acabe el próximo año 2026, España debe trasponer una directiva comunitaria sobre la calidad del aire, la Directiva 2024/2881. Esa norma supone la reducción de los límites de emisiones contaminantes, dando para ello un plazo de adaptación de 5 años. Es decir, para 2030, valores con los que Altri ha presentado el proyecto técnico y ha recibido la DIA favorable en la actualidad podrían acabar en papel mojado. Pero con menos agua en el río.

2- La batalla política: sin tregua en Bruselas, a la espera de Madrid

Entretanto, en el terreno político la punta de lanza contra el proyecto de Altri lo representa el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que lleva a cabo una ofensiva en el plano gallego, estatal y comunitario. A mayores de los intentos y peticiones para pararlo que se realizan en el Parlamento de Galicia, de la mano de la líder de la oposición, Ana Pontón, una de las claves del futuro de Altri es que ocurra lo que ocurra, Bruselas tendrá siempre la última palabra.

Aunque los plazos del PERTE de descarbonización -dentro de los fondos de recuperación- establecen que debe resolverse antes de verano de 2026 y todavía faltaría el examen técnico comunitario, lo cierto es que el proyecto podría acabar optando a otras líneas distintas. "Queremos que los fondos europeos vayan a otro tipo de proyectos que no tengan este daño tan significativo, tan grande y expoliante", advierte la eurodiputada y política del BNG, Ana Miranda, a El HuffPost, desde el otro lado de la línea. 

Perteneciente al grupo de Alianza Libre Europea-Los Verdes, recuerda que estamos ante un proyecto que afectaría al menos a "14 directivas europeas". Por ello, la estrategia desde el comienzo fue alertar a la Comisión de posibles vulneraciones de la normativa comunitaria, así como del principio de precaución. Para los ajenos al tratado de funcionamiento comunitario (TFUE), la traducción es que si una política o acción pueden causar riesgos a personas o al medioambiente y no existe consenso científico, esta debería de ser abandonada.

"También hay un procedimiento de infracción abierto contra el Estado español, concretamente contra Galiza, porque no se ha ampliado debidamente la Red Natura [2000]. ¿Y qué hace el Gobierno gallego? Está metiendo estos proyectos en zonas que deberían ser ampliadas. Está aprovechando ese vacío legal de no haber ampliado, por lo que hay una investigación de la Comisión Europea", advierte de otra de las claves de una factoría que se instalaría a las puertas de las ZEP de Serra de Careón, y comprometería a las del Sistema Fluvial Ulla-Deza Sobreirais del Arnego. Todo ello en el corazón de A Ulloa, donde hay especies endémicas tan amenazadas como únicas -Santolina melidensis, Armeria merinoi, Leucanthemum gallaecicum...-, sin contar con otros valores del entorno como los afloramientos rocosos serpentiníticos.

La última de todas las respuestas que ha recibido de la Comisión sobre esta cuestión va en la dirección de que toca esperar. Al no haberse autorizado el proyecto, no es posible analizar el cumplimiento de la legislación de la UE. Es decir, faltan pasos que activen la posibilidad de dar otros pasos, si bien el objetivo es parar Altri antes de llegar a esta fase. Miranda va camino del medio centenar de interpelaciones e intervenciones sobre la macropapelera y ha llevado a los afectados y a integrantes de la plataforma al parqué comunitario, para reunirse con el responsable de los PERTE, con el director general de Medio Ambiente o los responsables de la directiva hábitat.

"A los colectivos les choca que non sean escuchados por [Alfonso] Rueda y que vayan a Bruselas y les reciban altas instancias. Es un 'Manual de supervivencia'", ejemplifica reformulando el titular de este reportaje, "Bruselas acaba siendo esa caja de resistencia en la que trasladamos problemas porque hay vulneración de directivas comunitarias. Lo que tiene que saber la gente es que las normas comunitarias son de obligado cumplimiento". 

Cada mes trata de meter, por la vía de urgencia y en la Comisión de Peticiones, la comparecencia de los afectados por el proyecto para que se debata su denuncia. El PP, apoyándose en los grupos de ultraderecha y extrema derecha, lo tumba. Además, la eurodiputada está en conversaciones y pendiente de una reunión con la vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, la socialista y ex vicepresidenta del Gobierno español Teresa Ribera, solicitada hace cuatro meses. 

"Creo que lo que no sería justo de cara a los ciudadanos gallegos y de cara a los fondos públicos es que se autorice un proyecto que luego va a ser impugnado en Bruselas porque no va a cumplir con muchas de las directivas", señala convencida, de que sería una contradicción y un perjuicio respecto a otros proyectos que sí cumplen con los requisitos comunitarios. "Si el Gobierno español autoriza un proyecto que va en contra de las directivas ambientales europeas estaría siendo muy irresponsable y amparando un expolio".

Lo cierto es que desde que comenzó a trascender la magnitud del proyecto de la multinacional lusa, no ha faltado quien torne la mirada en busca de cualquier atisbo de movimiento o pronunciamiento, ya desde el Ministerio de Transición Ecológica, o de quien dejó esa cartera para ascender asumiendo responsabilidades mayores a nivel comunitario, al dirigir las políticas de asuntos ecológicos de la UE.

En Madrid, los nacionalistas, a través del diputado Néstor Rego, han trazado una línea roja en forma de ultimátum al Gobierno central reclamando que se deniegue la solicitud del PERTE. De lo contrario, "cualquier relación futura se vería claramente afectada". El BNG ha sido un apoyo habitual del Ejecutivo de coalición y realiza esta advertencia en un momento en el que se ha evidenciado aún más la complejidad de la aritmética parlamentaria del Hemiciclo. 

Y también, en la Cámara Alta, la senadora Carme da Silva ha interpelado al titular de Industria cuestionando la viabilidad de que pase el filtro para obtener fondos europeos. De momento, la respuesta de Industria ha sido la de que se debe tramitar el proyecto como cualquier otro y que este será analizado "desde el rigor técnico".

Con todo, hay novedades, y aunque el PERTE de descarbonización esté por resolver, el Bloque se ha adelantado a otros posibles escenarios que abran vías de financiación para Altri con fondos públicos. "El BNG ha presentado ya una nueva iniciativa preguntando por la posibilidad o no de que se faciliten fondos, ya no por la vía del PERTE de descarbonización, sino de los proyectos importantes de interés común europeo, que es otra posibilidad. El BNG entiende que tampoco se debe facilitar fondos por esta vía", explica el diputado del Bloque en el Congreso a El HuffPost.

"Por tanto, continuaremos trabajando y presionando al Gobierno español para que no libere eses fondos", prosigue Rego, destacando que la mayor presión que puede haber "es el hecho de que el proyecto de Altri no se ajusta a los criterios de los fondos europeos, de ser un proyecto industrial de economía circular, sostenible, que no tenga impacto sobre el medio, sobre la biodiversidad o que tampoco sea socialmente negativo". 

Y anticipa "que creemos que la batalla contra Altri está en el buen camino y puede ser perfectamente ganada", también, apelando a la oposición de la una "sociedad gallega, que, hoy, mayoritariamente está en contra de Altri, a pesar del inmenso esfuerzo que está haciendo la empresa y la Xunta desde el punto de vista propagandístico intentando vender las bonanzas de un proyecto cuestionado por amplísimos sectores sociales".

3- La lucha social: una movilización popular y transversal que se multiplica

Ese músculo social al que alude el BNG no ha dejado de crecer y ocupar espacios como una bola de nieve que ha acabado desbordando la compostelana Praza do Obradoiro en una manifestación de decenas de miles de personas, 100.000 según la organización, o ha reunido a miles de manifestantes y medio millar de embarcaciones desafiando a la lluvia en A Pobra. El grito de 'Altri, non!' se cuela en los estadios y hermana a Balaídos y Riazor. A pesar de que algunos traten de quitarle hierro.

En lo que parecen unos primeros compases similares a los que simbolizó en el pasado el movimiento Nunca Máis, la oposición social a Altri destaca por su carácter transversal y la capacidad de unir y movilizar a distintos sectores y territorios. "Las puertas de la plataforma están abiertas a todo el mundo", indica a El HuffPost Xaquín Rubido, portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, un colectivo que funciona de forma asamblearia, que "no excluye a nadie" y que representa uno de los pilares de la protesta aguas abajo del Ulla.

"Todos tenemos algo en común, los del PP, los del PSOE, los del BNG, los de nadie; que la ría de Arousa es un capital productivo muy importante del que viven miles de familias y que tenemos que preservar", señala el biólogo, de una alianza, un colectivo con orígenes en otras luchas. En el '98, contra los depósitos de O Ferrazo (Vilagarcía de Arousa). En 2001, la marea negra del Prestige. En 2016, presionando para paralizar la Lei de Acuicultura de la Xunta de Feijóo. Después llegó la batalla contra la mina de Touro-O Pino o, el año pasado, el vertido de pellets de microplásticos.

Rubido explica que la amenaza de Altri es una suerte de llover sobre mojado en lo referente a la ría. "Es la muerte de la ría. La situación actual ya es muy preocupante y la Xunta está mirando para otro lado y no cumple con sus obligaciones competenciales. Como hay menos nordeste, hay menos afloramiento y menos renovación de aguas, dos fenómenos interconectados", detalla de unos problemas actuales cuya "consecuencia inmediata es que la misma contaminación que había hace 20 años tenga más impacto, porque se diluye menos".

"Y este es el escenario en el que aparece Altri, por eso tiene una huella emocional tan fuerte, justo en el momento en el que peor estabas, llega el golpe definitivo y te tumba", subraya. "Ellos ya lo anuncian. Dicen que van a verter 30.000 metros cúbicos de agua diarios con 65 toneladas de contaminantes a 27 grados centígrados, lo que indica que la temperatura del río va a subir... en un escenario de cambio climático", indica, apuntando a que hay "dos grandes ejes de crítica radical, en el sentido científico, al estudio de impacto ambiental". Uno es que "solo evalúa el impacto en el embalse de Portodemouros, no evalúa el impacto ni en el río [Ulla] ni en la ría [de Arousa]".

El otro entronca con una contradicción singular: "Solo tienes que coger los informes que presentaron las consultoras a requerimiento de [la pastera] ENCE en el proceso judicial que tuvo con la prórroga, para argumentar que no se podía trasladar desde la ribera del mar [en la ría de Pontevedra]-. Son taxativas, dicen que no es posible trasladarla a ningún río de Galicia, excepto al Miño. ¿Por qué? Porque no tienen caudal suficiente para diluir". En otras palabras, la pregunta que surge es: ¿lo que no vale para una celulosa sí vale para otra, de mayor tamaño aún?

"No van a quedar ni siquiera expropiadas", relata Serxio Núñez, del colectivo Santiso Vivo y de la zona donde pasaría la mayor parte del sistema de tuberías de la macropapelera. Una red de 12 kilómetros y medio que por donde pasa adquiere servidumbre de paso de aguas sobre las fincas privadas, que impediría arar el terreno a determinada profundidad o la plantación de especies arbóreas como frutales. "Básicamente, inutiliza la finca a nivel productivo", resume, recordando que "fueron a hacer catas incluso sin preguntar a los vecinos".

El de la afección a los terrenos no es el único temor que existe en el territorio que albergaría las propias instalaciones de la factoría. "¿Qué pasa con el agua?", indica apuntando al embalse de Portodemouros y poniendo sobre la mesa otra clave que subyace en todo el conflicto con Altri. Cuando solicitaron la concesión de captación de aguas a 75 años "se creó una alerta increíble y la gente mayor recordaba que cuando se hizo el embalse una de las cosas que se decían es que solo se podía utilizar el agua para la generación de energía eléctrica". 

"Viene de la concesión de 1962, para una empresa que se llamaba Moncabril". Es Naturgy quien tiene esa concesión en la actualidad, apunta citando al BOE a la "únicamente para la generación eléctrica, y esto es muy importante, priorizando que si en algún momento hay una captación de aguas para consumo humano o para regadío, esta empresa está obligada a priorizar ese uso". La duda pasa también por si serían compatibles las actividades de la macropapelera y la generación eléctrica. Naturgy lo tiene claro y ha alegado contra el proyecto de la pastera y advertido de compensaciones económicas. 

"¿Cómo nos afectaría laboralmente que viniese la empresa, incluso sabiendo ya que no van a ser ni 500 puestos de trabajo? Es que tenemos un problema, en la zona el paro estructural es tan bajo, de menos del 8%, que ya hay problemas a nivel de encontrar trabajadores para el trabajo que ya existe", reflexiona también sobre el reclamo económico, para poner un ejemplo: "Si analizamos cómo han afectado las industrias de Altri donde están instaladas en Portugal, vas al INE portugués y lo ves claramente: no se ve que donde está, en Vila Velha de Ródão, aumentara la población. Y el PIB tampoco aumentó".

Desde los distintos colectivos preparan nuevas jornadas de protesta, la siguiente con otra imagen simbólica, la del descenso del Baixo Ulla en kayak, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de mayo. "Es una bajada de forma reivindicativa para que se vea que el río no es solo un lugar a explotar a nivel productivo, sino que también puede haber muchas actividades deportivas", detalla de una iniciativa que busca aportar un toque lúdico y poner en valor otra riqueza de la zona, el patrimonio fluvial y paisajístico. Todo entronca con otra bajada realizada hace un año, la del Alto Ulla, y se pretende mostrar que, como toda esta lucha, el problema nunca se quedará río arriba.