El mundo rural está en la alerta por la llegada de los okupas. Pero no para meterse a vivir en sus pisos o casas, sino en las llamadas casas de aperos. Este nuevo giro del fenómeno okupa tiene en vilo a numerosos municipios ya que este tipo de edificaciones no están reguladas de la misma manera que las viviendas, por lo que echar a los okupas mediante un proceso legal y administrativo es aún más complicado que de una vivienda convencional, sea primera o segunda residencia. 

El problema es que, por el momento, no se considera delito la okupación de este tipo de casetas  y los tribunales están trasladando los casos que están ocurriendo al ámbito administrativo, en concreto a algunos ayuntamientos para que sean ellos los que pongan en marcha un expediente sancionador para, por un lado, multar a los okupas y, por otro, poner adoptar las medidas necesarias para que los propietarios recuperen estos espacios.

El primer problema es que un expediente administrativo puede tardar semanas en resolverse y las multas a personas sin recursos son, obviamente, complicadas de cobrar. Este aterrizaje okupa en las casetas de aperos está, además, cogiendo por sorpresa a muchos propietarios del entorno rural, que, por lo general, no tienen protegidos estos espacios, como en el caso de las viviendas, como medidas de seguridad adecuadas, como alarmas o cámaras . Además, muchas disponen de luz y agua, bien para las labores de mantenimiento del campo o de los animales, y suelen estar alejadas de los núcleos de población, razones por las que han empezado a ser lugares atractivos para los okupas. 

Las casetas de aperos consisten en unas pequeñas casas, generalmente de no más de 50 metros cuadrados, que se encuentran situadas en muchas fincas agrícolas. Se utilizan de almacén o para descansar de las labores en el campo, pero no suelen están habilitadas como viviendas. 

Un caso reciente ha ocurrido en la isla de Mallorca, donde una pareja se instaló en una de estas casetas. Tras la denuncia del propietario, fueron condenados a un delito leve, pero, posteriormente, la Audiencia de Palma acabó revocando la sentencia con el argumento de no es una okupación de un inmueble habitable por lo que no lo pueden considerar una usurpación de vivienda. Esta sentencia hecho saltar todas las alarmas en las zonas de campo, los propietarios de ellas se encuentran ahora en un limbo legal, debido a este argumento, a pesar de que claramente se trata de la okupación de una propiedad privada, aunque no esté destinada a vivir en ella legalmente.