Casi todos los españoles. Nueve de cada diez ciudadanos ha asegurado que no cree que la justicia sea igual para todos, según la encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la 'Calidad de la Democracia'.

En su análisis, el organismo que preside José Félix Tezanos plantea algunas preguntas sobre la democracia. En concreto, se ha entrevistado a 4.010 personas por teléfono entre el 8 y el 15 de abril. 

La gran mayoría de los encuestados (79,2 %) considera que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, pero un 8,6 % cree que, "en algunas circunstancias", es preferible un gobierno autoritario.

Esos porcentajes han variado poco respecto a la anterior encuesta sobre la calidad de la democracia, realizada hace 16 años, periodo en el que sí ha aumentado mucho el descontento con el funcionamiento del sistema.

En 2009, un 66,6 % se mostraba en distintos grados satisfecho con el funcionamiento de la democracia, un porcentaje que ha caído al 44,5. Hace 16 años solo un 8,8 % señalaba que no estaba "nada satisfecho", opción que asciende ahora al 30,6 %.

El 85 % piensa además que los actuales mecanismos de los que dispone el sistema no son suficientes para luchar contra la corrupción y la mayoría se siente alejada de gobiernos y políticos.

El 75,3 % cree que quien está en el poder siempre busca sus intereses personales y el 74 % considera que la gente de su clase no tiene influencia sobre lo que hace el Gobierno.

Parece que hay más confianza en el pasado: el 72 % cree que la forma en que se llevó a cabo la Transición constituye un motivo de orgullo.

Para mejorar la democracia, los encuestados piden más poder ciudadano y referendos y proponen también hacer más proporcional el sistema electoral, con listas abiertas y limitación de legislaturas.

La justicia, mal parada

En las preguntas del CIS referidas al funcionamiento del sistema judicial, los encuestados se muestran muy críticos: una abrumadora mayoría del 89,9 % no comparte que trate igual a los políticos que a los ciudadanos y el 78 % tampoco está de acuerdo con que la justicia sea imparcial en los procesos que afectan a los partidos.

Más divididos se manifiestan al preguntarles si las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres de ascender en la carrera judicial: Está de acuerdo el 52,2 % y en contra el 44,1 %.

Los medios de comunicación son igualmente denostados por los españoles, porque el 80,7 % comparte que se hacen ecos de bulos y mentiras y poco más de la mitad (el 55 %) reconoce que sí dan acceso a diferentes tipos de opinión.

El 74,7 % constata que "están concentrados en pocas manos o grupos de comunicación" y el 88,7 entiende que favorecen a unas tendencias políticas sobre otras.

Y algo más: el 56 % afirma que los periodistas disfrutan de "menos libertad e independencia" que hace diez años, frente a un 24,1 % que sí asegura que han ganado independencia en la última década.

Los partidos políticos, a la cola

En la evaluación de instituciones, la encuesta sitúa a las Fuerzas Armadas en la cima de la confianza ciudadana, con una nota de 6,8 -la única que supera el aprobado- y los partidos políticos en último lugar (2,96) junto a sindicatos y Gobierno.

Entre medias están los tribunales en segunda posición (4,76); los gobiernos autonómicos (4,7); el Tribunal Constitucional (4,27); las organizaciones empresariales (4,24); los medios (4,10); el Parlamento (4,05); el Gobierno central (3,67) y los sindicatos (3,59).

Con este panorama, los ciudadanos piden a los partidos mayoritarios (PP y PSOE) que se pongan de acuerdo en todas las cuestiones primordiales para el país.

Así, el 89,7 % considera "muy" o "bastante" prioritario que pacten "una fiscalidad justa", el 84,9 % la política exterior, un 84,3 % la lucha contra la violencia de género, el 74,6 % la "política y el presupuesto de defensa" y el 73,3 % las medidas contra el cambio climático.

Para mejorar el funcionamiento de las formaciones políticas, los entrevistados apuestan por que sus candidatos sean elegidos por los afiliados y un abrumador 95,7 % pide que todos los cargos orgánicos y los cargos públicos firmen un código ético.