El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales se aprobará definitivamente este martes en el Consejo de Ministros, más de un año después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pusiera sobre la mesa su 'medida estrella' para esta legislatura.

Inicialmente, el proyecto iba a recibir luz verde el pasado martes, pero debido a las circunstancias creadas por el apagón que dejó sin luz a toda la Península Ibérica, se pospuso finalmente a esta semana. Trabajo calcula que unos 12 millones de trabajadores se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor.

La norma, eso sí, todavía no cuenta con los votos suficientes para salir adelante en el Congreso de los Diputados. Junts anunció este lunes que que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, que ve como "un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas" catalanas. Los votos del partido de Puigdemont son imprescindibles para que la ley sea aprobada, siempre que el PP decida votar en contra, algo muy presumible a día de hoy.

"Nos hemos encontrado la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar ni siquiera una coma de este texto, que se ha negociado sólo son los sindicatos españoles. Se ha dado la espalda al tejido productivo y laboral de Catalunya, que es muy diferente del que hay en España", lamentaba este lunes la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Sumar, por el momento, ha minimizado esta última jugada de la derecha catalana. En palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, las negociaciones "siguen vivas y avanzando". Pero Junts no tendrá fácil cambiar el sentido de su voto. La asociación Empresaris de Catalunya publicó este sábado un comunicado en el que pedía al partido independentista no apoyar la reducción de la jornada laboral "a cambio de beneficios personales para su líder, Carles Puigdemont". El presidente de la asociación, Josep Bou, consideraba que las 37,5 dejará en una "situación difícil" a las pequeñas y medianas empresas.

Este lunes, Pedro Sánchez movió ficha y pidió el apoyo de la patronal catalana a esta medida porque hará "mejores" a sus empresas. "Estamos convencidos de que contribuiría a mejorar la productividad y la estabilidad de la fuerza trabajadora y, por tanto, a nuestras empresas", dijo este lunes en la 40 Reunió Cercle d'Economia. 

Y eso que el ala socialista del Gobierno mostró sus dudas sobre la implantación de las 37,5 pese a quedar recogida en su acuerdo de investidura con Sumar. De hecho, Díaz llegó a insinuar en enero que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, era "mala persona" por no apostar por reducir la jornada media hora al día. Algo que el gabinete del ministro desmintió, asegurando que esta medida sí era una "prioridad" para el Ejecutivo. "Pero hay que tener en cuenta la realidad parlamentaria y el éxito de reformas pasadas, como la laboral, ambiciosas en sus objetivos y equilibradas en su diseño”, puntualizaron.

La rebaja de jornada es fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT y del que quisieron quedarse fuera las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, al entender que la jornada laboral es una materia que debe fijarse vía negociación colectiva. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ya señaló este lunes que está en contacto y va "a hablar" con todos los grupos parlamentarios para que esta medida, "mala para España", no sea aprobada en el Congreso de los Diputados. El PP de Alberto Núñez Feijóo es claro al respecto: sin acuerdo con la patronal, votarán en contra de la ley.

Según Trabajo, los colectivos más beneficiados por esta ley serán los empleados no cubiertos por convenios colectivos, algo que se presenta con mayor frecuencia en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.

Además de las 37,5 horas semanales, la nueva norma también recoge la reformulación del control horario, que deberá estar lista por las empresas en seis meses desde la entrada en vigor de la ley. "Va a ser un registro horario propio del siglo XXI, digital, con control remoto y con el que la inspección de trabajo va a saber en tiempo real cuántas horas de trabajo se hacen al día", dijo Yolanda Díaz el pasado mes de febrero cuando se aprobó el anteproyecto en el Consejo de Ministros. 

El objetivo es que el registro de la jornada sea "objetivo, fiable y accesible" y serán los trabajadores quienes, "de forma personal y directa", marcarán el inicio y finalización de cada jornada a través de medios digitales y sin que la empresa "pueda condicionar su contenido". Además, las compañías estarán obligada a conservar los registros durante cuatro años, periodo durante el cual permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo.

Por último, la ley también garantiza la denominada 'desconexión laboral', por la cual ningún trabajador estará obligado a responder fuera de su horario de trabajo emails o llamadas, o cualquier aspecto que implique trabajar fuera de su jornada habitual.