La ofensiva militar de Israel sobre Gaza continúa sin freno y a pesar de las llamadas al alto el fuego o las advertencias de posibles sanciones por parte de algunos de sus socios más cercanos. Porque, justo cuando la presión internacional ha alcanzado su punto más álgido desde el estallido de la guerra contra Hamás, el ejército israelí ha vuelto a bombardear la Franja esta madrugada, dejando al menos 55 muertos, según fuentes médicas gazatíes.  Solo en los últimos nueve días, según Reuters, han perdido la vida más de 500 personas.

Gaza, prácticamente devastada después de más de siete meses de asedio israelí, está al borde del colapso humanitario, unos 14.000 bebés podrían morir las próximas 48 horas si no se permite la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, el Gobierno de Netanyahu insiste en la idea de que su objetivo final es el de acabar con Hamás haciendo uso de una campaña militar inaudita, sin importar los efectos que puedan tener sus ataques desde el aire o por tierra en sus relaciones diplomáticas o sobre sus intereses económicos.

Porque mientras Israel sigue bombardeando y masacrando a la población que malvive en Gaza, el escenario internacional se ha vuelto cada vez más incómodo para el Ejecutivo de Netanyahu. La Unión Europea, por ejemplo, ha dado un paso histórico al anunciar que va a revisar su acuerdo de asociación con el Estado judío ante la posibilidad de que se hayan cometido posibles violaciones del derecho internacional humanitario. El Reino Unido, por otro lado, ha suspendido todas las negociaciones comerciales con Tel Aviv. En España, por su parte, el Congreso ha iniciado la tramitación de una ley que permitiría embargar la compraventa de armas a países implicados en crímenes de guerra, una propuesta hecha desde Sumar, pero que apunta directamente a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Como gesto para intentar rebajar la creciente presión internacional, Israel ha autorizado eta noche la entrada de ayuda humanitaria "urgente" desde Emiratos Árabes Unidos a la Franja de Gaza. El acuerdo, según varios medios, contempla el envío de suministros y alimentos para 15.000 civiles palestinos, pero la ONU ha denunciado que es cargamentos aún no están llegando a quienes los necesitan. Porque sobre el terreno, la situación sigue deteriorándose: la distribución de comida está paralizada, los hospitales carecen de materiales básicos y toda la población gazatí no puede acceder a ningún tipo de comida.

La presión internacional, en niveles inéditos

La ofensiva militar de Israel ha tensado como nunca antes las relaciones diplomáticas con sus socios de Occidente. Después de más de siete meses de bombardeos sobre Gaza y con una cifra de muertos que supera los 53.000 (incluidos más de 16.200 niños), la comunidad internacional ha elevado su tono contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

La Unión Europea, en una decisión sin precedentes desde que se produjo el estallido del conflicto, ha anunciado que iniciará una revisión del acuerdo de asociación acordado con Israel. Diecisiete países de los veintisiete que forman parte del club europeo han apoyado la iniciativa, promovida por el ministro neerlandés Caspar Veldkamp, para evaluar si Israel está incumpliendo la cláusula de respeto a los derechos humanos que rige sus relaciones con Bruselas. "La situación en Gaza es catastrófica. La ayuda que Israel ha permitido entrar es, por supuesto, bienvenida, pero es una gota en el océano. La ayuda debe fluir inmediatamente, sin obstrucciones y a gran escala”, afirmó la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la UE para Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

La respuesta israelí fue casi inmediata. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, acusó a Kallas de tener una “comprensión totalmente errónea de la realidad compleja a la que se enfrenta Israel” y aseguró que las críticas que llegan desde territorio europeo solo sirven para "reforzar la posición de Hamás". Además, defendió que Tel Aviv ha autorizado la entrada de 93 camiones con suministros para la población; un dato que contradicen desde las Naciones Unidas que asegura que, por el momento, no ha llegado ningún cargamento a los puntos de distribución de ayuda distribuidos por Gaza, donde más de dos millones de personas sobreviven en condiciones extremas.

Al anuncio de la Unión Europea se ha sumado también el de Reino Unido. El Gobierno de Keir Starmer ha suspendido las negociaciones para un acuerdo comercial con Israel y ha convocado al embajador israelí en Londres para expresarle su malestar por las "atroces políticas” que, según Downing Street, se están aplicando tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania ocupada. Además, el Ejecutivo británico ha confirmado que impondrá sanciones selectivas contra colonos israelíes acusados de atacar a ciudadanos palestinos en territorio ocupado.

En cuanto a España, el Congreso ha dado eun paso simbólico que, no obstante, puede suponer un punto de inflexión en la relación con Israel: ha aprobado iniciar la tramitación de una ley que permitirá embargar armas a países que estén vinculados a los genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como ocurre con Israel. La propuesta, impulsada por Sumar, Podemos y Esquerra Republicana, contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto los del Partido Popular y Vox. El texto, plantea reformar la ley de 2007 sobre la exportación de material de defensa para introducir la posibilidad de embargo cuando se vulneren de forma grave el derecho internacional humanitario.

En la sesión del debate del Congreso, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, reprochó que España aún tenga vínculos con empresas que "se jactan" de haber probado armas en territorio palestino y defendió que “los beneficios manchados de sangre de unas pocas empresas no pueden pesar más que las vidas de miles de niños”. 

El PP, en cambio, calificó la iniciativa legislativa de “pastiche jurídico que destila un rancio antisemitismo”, mientras Vox alertaba de que podría afectar la operatividad de las fuerzas de seguridad y a los proyectos en curso. La votación se produjo justo un día antes de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el contrato que se firmó con una empresa de Israel para la compra de millones de balas, que el Gobierno terminó por rescindir después de la presión de sus socios. Mientras todo esto ocurría en la Cámara, unas 500 personas se concentraron en las puertas del Congreso para exigir la aplicación inmediata de ese embargo.

Ayuda humanitaria: limitada y paralizada

En plena escalada de tensiones, Israel ha aceptado un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para abrir un corredor humanitario con ayuda “urgente” destinada a unos 15.000 civiles gazatíes en una fase inicial. La medida, anunciada por el ministro emiratí de Exteriores, Abdulá bin Zayed al Nahyan, incluye alimentos, suministros para panaderías, medicinas y productos esenciales para la salud infantil. Según la agencia estatal WAM, los envíos podrían beneficiar inicialmente a un 3% de los 470.000 palestinos que, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, enfrentan una “hambruna catastrófica”.

Israel, por su parte, ha anunciado que ha permitido el paso de hasta 93 camiones a través del cruce de Kerem Shalom, cargados con harina, alimentos infantiles, equipo médico y medicamentos. Sin embargo, Naciones Unidas ha desmentido que estos suministros estén llegando a su destino. “Uno de nuestros equipos esperó varias horas la autorización para acceder al cruce de Kerem Shalom y recoger los suministros. Por desgracia, no han podido llevarlos hasta nuestro almacén”, explicó el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric. “Para que quede claro: si bien han llegado más suministros a Gaza, no hemos podido asegurar su llegada a nuestros almacenes y puntos de entrega”.

Dujarric detalló que los camiones deben ser descargados en el lado palestino del cruce, recargados con vehículos locales y, después, obtener una nueva autorización de las fuerzas israelíes para ser recogidos por personal de la ONU. Aseguró que el proceso está plagado de complicaciones logísticas, permisos y riesgos de seguridad que dificultan enormemente cualquier reparto efectivo. “Las condiciones hacen que esto sea extremadamente difícil”, sentenció.

El lunes, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, reconoció que Israel había dado luz verde a la entrada de nueve camiones con “ayuda limitada”, aunque recalcó que se trata de “una gota en el océano” en medio del repunte de la ofensiva. Mientras tanto, Hamás ha negado que haya entrado ayuda y ha calificado las declaraciones del primer ministro Netanyahu como “falsas”. La oficina de prensa del gobierno gazatí, por su parte, ha pedido a la población que proteja los convoyes y evite ataques, apelando a una “responsabilidad moral y colectiva”.

Sobre el terreno, las consecuencias del bloqueo siguen siendo dramáticas. Según la UNRWA, casi todos los centros de distribución y almacenes de alimentos están vacíos desde hace semanas. Los hospitales funcionan con recursos mínimos y la totalidad de la población gazatí, más de dos millones, vive en situación de inseguridad alimentaria grave.