El Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox una sanción de 862.496,72 euros por una infracción "muy grave" en materia de financiación de partidos políticos, tras detectar que la formación recibió donaciones en efectivo sin respetar los requisitos legales durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

La resolución fue aprobada en el último Pleno del tribunal, aunque contó con el voto particular de dos consejeros. Vox ya ha anunciado que recurrirá la multa ante el Tribunal Supremo por la vía contencioso-administrativa.

Según el Tribunal, el partido liderado por Santiago Abascal infringió el artículo 17.2.a de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos al aceptar ingresos en efectivo no identificados, en su mayoría depositados a través de cajeros automáticos. En total, se señala que más de 330.000 euros ingresados bajo el concepto de "actividades promocionales" podrían corresponder a donaciones anónimas, prohibidas por la ley.

No es la primera vez que Vox es sancionado por el Tribunal de Cuentas. En julio de 2024 ya se le impuso una multa de más de 233.000 euros por otro caso de financiación irregular, en relación con donaciones utilizadas para financiar litigios judiciales, sanción que el partido también recurrió.

El partido cree que "no hay motivo alguno para la sanción"

La formación ha anunciado después que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sanción de 862.000 euros impuesta, pues considera que la decisión es "injusta" y contraria tanto a la ley como a resoluciones anteriores del propio tribunal, que —según argumentan— en otros casos similares decidió archivar los procedimientos.

En un comunicado, el partido asegura que los ingresos cuestionados correspondían a "actividades promocionales a través de mesas informativas" y reitera su confianza en que el Supremo anule esta y otra sanción anterior que también fue recurrida, relacionada con donaciones destinadas, según Vox, eran "para cubrir la fianza contra los separatistas" catalanes.

Asimismo, subraya que la decisión del Tribunal de Cuentas no fue adoptada por unanimidad: dos de sus consejeros emitieron votos particulares en donde defendieron que no había base suficiente para imponer la sanción.

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