"Es una delegación de competencias, no una cesión”. Es el leitmotiv que ha utilizado este martes el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar el acuerdo entre PSOE y Junts en materia migratoria. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Migraciones, Elma Saiz, sin querer entrar en más detalles, han insistido en esta idea a cada pregunta de los medios presentes en la sala de prensa de la Moncloa: no se trata de transferencia ni cesión, sino de una delegación de competencias recogida en el artículo 150 de la Constitución.

El Gobierno tampoco ha querido entrar a si el pacto con Junts tiene como objetivo facilitar un futuro acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado. Mientras el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha descartado que vaya por ahí, la portavoz del Ejecutivo ha reiterado que “la voluntad del Gobierno es tener unos Presupuestos” y que tendrán que “sudar la camiseta y hablar y dialogar con todas las fuerzas parlamentarias”. “La complejidad parlamentaria no ha cambiado”, ha dicho.

Con relación a la “delegación de competencias” migratorias a la Generalitat, que no “cesión”, la ministra Saiz ha pedido “bucear” en la exposición de motivos de la norma propuesta para su votación en el Congreso. Sin entrar en pormenores, sí ha detallado que la Generalitat únicamente podrá expulsar ciudadanos extranjeros que “tengan prohibida la entrada en el país”. En el caso de que una expulsión requiera de un expediente, el Gobierno catalán solo “podrá proponer” su salida.

Saiz ha querido además incidir en que “no se cede el control de fronteras”. “Los Mossos estarán y actuarán en fronteras en colaboración y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

El Gobierno ha argumentado la defensa del acuerdo en el hecho de que “Cataluña es una comunidad que siempre ha tenido un importante flujo de extranjeros”. Ha destacado, asimismo, que el pacto demuestra “la voluntad del Gobierno de alcanzar acuerdos siempre con un fin claro, hacer política más eficaz, dar mejor servicio y siempre velar por el interés general”.

Sobre si el Gobierno comparte o no la visión que Junts pueda tener de la inmigración, Elma Saiz se ha limitado a señalar que la ley planteada respeta "los derechos humanos".

En la rueda de prensa, el Gobierno tampoco ha entrado en la negativa de Podemos a apoyar la ley, algo que podría tumbar la nueva norma teniendo en cuenta que el Partido Popular ha dicho que, si se aprobase, la eliminarían si llegaran al Gobierno. Para el partido morado, “lo que es urgente es que se apruebe la ILP de regularización que lleva un año esperando”, en palabras de su secretaria general, Ione Belarra. 

En respuesta, Elma Saiz ha asegurado que “es un trámite positivo que se produzca este debate en el Congreso y que los grupos trabajen en esa importante iniciativa”. Ha invitado, además, a los grupos políticos a “poner en valor la pluralidad y transformarla para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”.