10 de abril de 2024. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en el Congreso al diputado de ERC Gabriel Rufián. "Quédese tranquilo, que desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas a Israel, ninguna. Eso quiero que lo tenga usted claro para que también lo tenga claro, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía española". 14 de octubre de 2024. Sánchez participa en el foro World in Progress que organiza en Barcelona el Grupo PRISA. Allí, defiende: "La Comisión Europea debe responder de una vez por todas a la petición formal que hicimos España e Irlanda hace ya nueve meses y suspender el acuerdo de asociación con el Gobierno de Israel si se constata, como todo sugiere, que se están violando los derechos humanos. Y por la misma razón, la comunidad internacional debe blindar su apoyo a las Naciones Unidas". 

Una semana más tarde, el 21 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior, en concreto la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, adjudica un contrato valorado en más de seis millones de euros para la compra de 15.300.000 balas del calibre 9 milímetros a una empresa israelí. De nuevo una semana más tarde, y horas después de que la información de dicho contrato se publique en los medios, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska publica el siguiente comunicado: "Interior inicia el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí". "El Gobierno español — argumenta en la nota — mantiene el compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí". Pero no ha sido así.

Esta mañana, seis meses después de aquel comunicado de prensa, eldiario.es y la Cadena SER han adelantado que el Ministerio de Interior, pese a lo anunciado, ha seguido adelante con la compra de las balas israelíes. El pasado 16 de abril, festivo en toda España, el Gobierno publicó en la Plataforma de Contratación la formalización del contrato. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Desde Interior aseguran a El HuffPost que el 29 de octubre de 2024 "se puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión del contrato". "Tras este estudio — añaden — el Ministerio ha decidido atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión en la fase de tramitación alcanzada". Es por ello por lo que "se ha formalizado el contrato", excusan. "La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material", argumentan.

Poco después de conocerse la noticia, desde Sumar, socios del PSOE en el Gobierno de coalición, han exigido "la cancelación inmediata del contrato" y han solicitado la comparecencia de Grande-Marlaska, este miércoles con agenda en Bagdad, "para aclarar todo lo sucedido en relación a esta adquisición". La operación, han denunciado, "supone una vulneración flagrante de los compromisos adquiridos en el seno del Gobierno y expresados públicamente el pasado 21 de octubre por el que se señalaba que las compras de armamento a Israel estaban suspendidas". "El compromiso del Gobierno de España con el pueblo palestino debe ser absoluto. No caben matices en medio de una masacre cuyos responsables tienen una orden internacional de arresto por parte de la Corte Internacional Penal", han apuntado.

Desde Sumar, en concreto el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya habían pedido en 2024 a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la cancelación "inmediata" de "los contratos de compra en curso con empresas proveedoras israelíes". Entonces, y casualmente también en octubre, Robles contestó a Bustinduy que todos los contratos de adquisición de armamento israelí estaban en suspenso, según publicó El País. Pese a ello, y según el portal de comercio del Gobierno Data Comex, "en el mes de febrero de 2025 aparecen dos flujos de importación desde Israel en el código NC 93069010 y 93059100 por un total de 3.414.890,5€ y 21.172,73€ respectivamente. Dichos flujos de importación están asociados a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España". Ambos códigos refieren a material militar.

La adquisición de material militar israelí no solo contradice lo defendido por el Gobierno, sino que incumple además lo recogido en el Tratado sobre el Comercio de Armas de Naciones Unidas, del que España es uno de los primeros países en firmarlo. El acuerdo prohíbe cualquier transferencia de armas "si en el momento de la autorización" se tiene conocimiento de que el intercambio podría utilizarse "para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte". En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros cargos del Gobierno israelí por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad. España es también uno de los países fundadores del Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la CPI.

La empresa adjudicataria del contrato es ISRAEL MILITARY INDUSTRIES (IMI) SYSTEMS LTD, cuya representante española es Guardian Homeland Security S.A. IMI SYSTEMS, suministradora de material militar para el Ejército de Israel, es propiedad de la también israelí Elbit Systems, que hace unos días celebraba haber logrado dos contratos por valor de más de 200 millones de dólares con países europeos.