La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra y líder de los socialistas en esta región, María Chivite, ha defendido este jueves la "honorabilidad" de su partido después de que su número 2, Ramón Alzórriz, anunciara ayer su dimisión por ocultar que su pareja trabajó en Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán que habría recibido diferentes adjudicaciones por valor de 8,6 millones de euros por parte del gobierno navarro.

En una comparecencia en el parlamento navarro, Chivite ha dicho que con el caso del "compañero Ramón" se cumple su máxima de que expulsará a cualquiera manchado por una sospecha. "Dije 'caiga quien caiga' y estoy cumpliendo. Él me contó ayer una información que era desconocida y tiene que asumir las responsabilidades del error que ha cometido", ha dicho. En todo caso, Chivite ha matizado que Alzórriz "no ha cometido ningún delito". "No ha comunicado algo que era relevante", ha dicho.

Pese a todo, Chivie no ve motivos para que ella presente su propia dimisión y ha asegurado que "no hay ni un sólo informe que apunte a una ilegalidad cometida en una adjudicación" en Navarra. Finalmente, ha anunciado que el PSN celebrará este viernes una nueva Ejecutiva para elegir al sustituto de Alzórriz en la portavocía del partido.

El PSOE nacional pide "cautela"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha pedido por su parte cautela con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vincula a Santos Cerdán con Servinabar.

"Él lo niega, con lo cual vamos a esperar a que se conozca la verdad", ha respondido López a su llegada al Congreso a la pregunta de si hubo un documento que la UCO encontró en los registros que afirma que Cerdán fue dueño de Servinabar y de si cree que el Gobierno de Navarra de María Chivite se puede ver afectado.

La Guardia Civil halló en el registro efectuado el pasado martes al empresario Antxón Alonso una escritura de 2016 en la que Santos Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de una empresa señalada en su último informe sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.

Se trata de Servinabar 2000, administrada por Antxón Alonso, de quien la UCO sospecha que podría haber abonado "contraprestaciones" al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, y a quien este último implicó a su vez en pagos al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Según el acta de registro, al que ha tenido acceso EFE, los agentes hallaron una escritura, fechada el 1 de junio de 2016, en el que Alonso transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar 2000.