"Genocidio": delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La que acaban de leer no es una definición aleatoria o parcial, sino consensuada en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 en Naciones Unidas. Cuando el mundo entero debate si es la acertada para aplicarla a lo que Israel está haciendo contra los palestinos en Gaza, va el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cambia el foco para advertir que es lo que se está dando en una latitud muy distinta: Sudáfrica. 

El republicano denuncia que en el país se está produciendo una "persecución racial" contra los blancos de origen afrikáner, como se llama a los descendientes de los colonos de Sudáfrica. "Es un genocidio, están siendo brutalmente asesinados y sus tierras, confiscadas", se duele. Esta semana, se lo ha dicho en la cara al presidente del país, Cyril Ramaphosa, en una tensa intervención en la Casa Blanca al nivel de voltaje del choque con el ucraniano Volodimir Zelenski, en febrero pasado. 

El Gobierno de Pretoria niega la mayor: no hay genocidio alguno, no se está matando a los blancos de origen europeo, especialmente agricultores y granjeros, porque haya una corriente xenófoba aniquilatoria. Mirando a Trump, dijo el miércoles que, de ser así, ni él ni su delegación hubieran sido invitados al Despacho Oval. "Espero que podamos tener una explicación", insistía el norteamericano, antes de la proyección de un vídeo de cinco minutos en el que se veían supuestos discursos de violencia contra blancos y numerosas cruces de afrikáners "brutalmente asesinados", denunció. "Más de mil", enfatizó. 

En ningún caso aportó una estadística oficial sobre estos supuestos crímenes ni indicó la fuente de esas "historias" que dice que su Administración ha conocido y que le ha llevado a otorgar el estatus de refugiado a más de 50 ciudadanos de Sudáfrica blancos, que han llegado estos días a EEUU. "Me gustaría saber de dónde ha sacado todo esto, porque yo no lo he visto", replicó Ramaphosa. El mandatario sudafricano asumió que la delincuencia es uno de los mayores problemas de su nación, pero que precisamente la mayoría de las víctimas son negras. 

Trump añade que, muertes aparte, Pretoria ha aprobado una serie de leyes restrictivas, especialmente una que permite la expropiación de tierras sin compensación por parte del Estado, que están "quitando" a los blancos la posibilidad de progresar. La norma existe, pero busca equilibrar las cosas, dice Ramaphosa, tras décadas de poder blanco y subyugación blanca. 

¿Hay o no hay genocidio, entonces? ¿Se puede incluir a estas personas en el grupo de 43,7 millones de personas que en el mundo han tenido que escapar de sus hogares por persecución, conflictos armados, violencia sectaria o política o grandes catástrofes naturales? ¿Qué dicen los datos y las asociaciones de derechos humanos? ¿Se quieren ir los blancos de Sudáfrica? En El HuffPost tratamos se resolver dudas. 

Por el principio: quiénes son los afrikáners

El tanque de pensamiento South African History Online explica que "el afrikáner moderno desciende principalmente de los europeos occidentales que se asentaron en el extremo sur de África a mediados del siglo XVII". Se trata de una mezcla de colonos holandeses (34,8%, los que suelen venir primero a la cabeza, pero no los únicos), alemanes (33,7%) y franceses (13,2%), formaron un "grupo cultural único" que se identificaba "completamente con el suelo africano". 

Su idioma, el afrikáans, es bastante similar al neerlandés, pero a medida que plantaron sus raíces en África, los afrikáners, así como otras comunidades blancas, obligaron a los negros a abandonar sus tierras, en uno de los capítulos más negros del colonialismo europeo en el continente africano.  Los afrikáners también son conocidos como bóers, que en realidad significa "granjero", y aún hoy este grupo todavía está estrechamente asociado con la agricultura.

En 1948, el Gobierno de Sudáfrica, dirigido por estos afrikáners, introdujo la política del apartheid, o apartness, aplicando la segregación racial a un nivel extremo, que incluía leyes que prohibían los matrimonios entre personas de distintas razas, reservaban muchos trabajos calificados y semicalificados para los blancos y obligaban a los negros a vivir en lo que se denominaba "townships" y "homelands", áreas urbanas subdesarrolladas, normalmente en las periferias, en las que se apiñaba gente no blanca, como negros, indios y coloureds (mestizos).

A los no blancos también se les negó una educación digna. Es recordado que en la década de 1950, el líder afrikáner Hendrik Verwoerd comentó que "a los negros nunca se les debe mostrar los pastos más verdes de la educación. Deberían saber que su lugar en la vida es ser leñadores y aguadores". Si no les daban ni escuelas, cómo les iban a permitir viajar en los mismos autobúses o usar los mismos baños públicos o caminar por las mismas aceras. 

El dominio afrikáner en Sudáfrica terminó en el año 1994, cuando a los negros se les permitió votar por primera vez en una elección nacional, lo que llevó a Nelson Mandela y al Congreso Nacional Africano (ANC) al poder por una mayoría arrolladora, con el 62,65% de los votos, frente al 20,39% del blanco Frederik de Klerk, el hombre que sacó a Madiba de la cárcel. 

En la actualidad, los afrikáners son más de 2,5 millones de una población de más de 60 millones (aproximadamente el 4%).

¿Hay razones para hablar de genocidio?

La denuncia de Trump de que hay un "genocidio" en suelo sudafricano no es nueva. En su primer mandato, habló ya de "asesinatos a gran escala de agricultores". Sin embargo, lo que parece a sus ojos un problema grave que lleva a proteger a perseguidos no lo es internamente: ninguno de los partidos políticos de Sudáfrica, incluidos los que representan a los afrikáners y a la comunidad blanca en general, han afirmado que se esté perpetrando un crimen así en Sudáfrica. No hay denuncias por ello, no hay informes que lo avalen, nadie lleva en su programa político un plan para erradicarlo ni hay avalancha de personas blancas tratando de salir del país desesperadamente. 

Sudáfrica no es un país ideal. Por ejemplo, se sitúa en la categoría de "democracia defectuosa" según el Índice de Democracia de The Economist. En 2024, ocupaba el puesto 43 con una puntuación de 7.16, lo que indica una democracia relativamente estable, pero con algunos problemas en áreas como el proceso electoral y el pluralismo político. No de otra naturaleza. 

Las afirmaciones de una persecución sostenida y sistemática para borrar a la minoría blanca han estado circulando entre grupos de derecha y ultraderecha durante muchos años, pero de forma residual, en ese tipo de colectivos y ciudadanos que provienen de un entorno supremacista que no entiende la evolución del país pero que tampoco quiere abandonarlo, en buena parte por las lucrativas tierras de que disponen, que fueron robadas a los indígenas. Ahora lo que ha cambiado es que esas protestas tienen eco en líderes radicales como Trump, que echa mano de su retórica por conveniencia. 

Es innegable, y lo dice el propio presidente Ramaphosa, que se han dado casos de granjeros y agricultores blancos, pero no en una proporción mayor que en otros colectivos. Sudáfrica no publica cifras de delitos basadas en la raza, pero las últimas estadísticas oficiales de su departamento de Interior revelaron que 6.953 personas fueron asesinadas en el país entre octubre y diciembre de 2024. De ellos, 12 murieron en ataques a granjas: uno era agricultor, cinco eran habitantes de granjas y cuatro eran empleados. Estos últimos podrían ser negros o inmigrantes, de hecho, porque son ellos los que siguen llevando las tareas más pesadas del campo. 

En febrero pasado, llegó el primer pronunciamiento judicial sobre un hipotético genocidio: un juez desestimó la idea por verla como "claramente imaginada" y "no real". Su fallo se produjo después de que el tribunal bloqueara la donación de un rico benefactor al grupo supremacista blanco Boerelegioen. Se trataba de un señor muerto en 2022 y "obsesionado con la idea de un genocidio inminente de personas blancas en Sudáfrica". Más allá de que sus hermanos ganasen el caso y el dinero nunca acabase en manos ultras, el juez indicó que no había motivos de temer un genocidio en el país. 

Refiriéndose al primer grupo de blancos que ha llegado a EEUU, Ramaphosa dijo el miércoles: "Se van porque no quieren aceptar los cambios que se están produciendo en nuestro país y en nuestra constitución". 

La postura de EEUU

Trump, desde que retornó a la Presidencia de EEUU en enero, está aplicando una severa política migratoria y de asilo. Esta misma semana, ha planteado un paquete fiscal en el que contempla que los inmigrantes que soliciten protección y autorización de trabajo, así como aquellos que soliciten un permiso humanitario y un estatus de protección temporal, tendrían que pagar tarifas nuevas o más altas. Así, deberán abonar mil dólares sólo para presentar los papeles y 550 permiso de trabajo inicial. Además, los patrocinadores de niños no acompañados tendrían que pagar hasta 3.500 dólares, informa la CNN.

Para los sudafricanos "perseguidos", en cambio, aplica una política de puertas abiertas que genera un contraste sonrojante. Ha acogido ya a una cincuentena de personas (49 o 59, según las fuentes), a las que se les ha permitido tomar vuelos internos e instalarse donde mejor les parezca, con ayuda estatal. En las redes sociales republicanas, mientras, se reproducía ese vídeo con muertos, muy criticado por estar musicado con un tema que "evoca violencia contra los sudafricanos blancos", dice la BBC.

La mano tendida a los granjeros es lo contrario a la encerrona o emboscada que esta semana preparó a su homólogo sudafricano en la Casa Blanca. Sólo la presencia de golfistas de su país muy admirados por Trump logró rebajar la tensión del encuentro, a cara de perro. Ramaphosa, intentando no contrariar demasiado al norteamericano, llegó a decir que existe la "libertad de expresión", aunque insistió en que es "completamente falso" afirmar que "personas de cierta raza o cultura están siendo objeto de persecución" en su territorio. Al salir de la Casa Blanca, el mandatario dijo que su visita había sido "un éxito" y que creía que a Trump se le habían generado más dudas sobre su acusación.

Una de las cosas que Trump afeó especialmente a su igual es La ley de expropiación de Sudáfrica, que fue promulgada a principios de año para intentar revertir las desigualdades raciales heredadas del apartheid y que permite expropiar tierras sin pagar compensación en casos de interés público. Ramaphosa la defendió en Washington, diciendo que, aunque la Constitución protege la "inviolabilidad de la propiedad de la tierra", su Gobierno también tiene el derecho de expropiar terrenos para uso público. Insiste en que es una cuestión de intentar dar la vuelta a décadas de desigualdad, pero que choca con la ventaja que han tenido determinados colectivos en el pasado, como los blancos. 

No obstante, la norma está teniendo también críticas domésticas: la Alianza Democrática (DA), principal socio de coalición de Ramaphosa en el Ejecutivo desde que perdió la mayoría absoluta el año pasado, afirma que impugnará la ley ante el tribunal supremo de Sudáfrica, ya que amenaza los derechos de propiedad. Su lectura es sobre libertades y bienes, no sobre razas. 

A la reunión de la Casa Blanca también asistió el asesor de Trump, Elon Musk, que además es de origen sudafricano. No estaba sólo como nacido en Pretoria, sino como parte dolida con estas supuestas prácticas desiguales contra los blancos. Aprovechando la presencia de la delegación de sus paisanos, se refirió a las "leyes de propiedad racistas" del país, alegando que a su proveedor de servicios de internet por satélite Starlink "no se le permitió operar en Sudáfrica simplemente porque no soy negro". Una idea que en estos días ha sido profusamente repetida por las redes afines a Trump y la prensa de ultraderecha. 

Lo que no ha dicho el hombre más rico del mundo es que para operar en Sudáfrica, Starlink necesita obtener licencias de red y servicio, lo que requiere que el 30% de la propiedad pertenezca a grupos históricamente desfavorecidos, negros sobre todo. La Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (Icasa), un organismo regulador de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, dijo a la BBC que Starlink nunca había presentado una solicitud de licencia. No se le ha podido negar lo que no ha pedido. 

Musk también ha acusado a los Luchadores por la Libertad Económica (EFF), el cuarto partido más grande de Sudáfrica, de "promover activamente" un genocidio a través de una canción que canta en sus mítines, que la justicia ha avalado por su raigambre histórica, pese a que dice: "Dispara al boer, dispara al granjero". El tribunal dictaminó que una "persona razonablemente bien informada" entendería que cuando "se cantan canciones de protesta, incluso por políticos, las palabras no deben entenderse literalmente, ni el gesto de disparar debe entenderse como un llamado a las armas o a la violencia". Se puede entender como una manera provocadora de hablar, no un llamamiento a las armas. 

¿Pero hay discriminación a los blancos?

Aunque el Gobierno de la minoría blanca terminó en 1994, sus efectos todavía se sienten, y es por eso, dice Ramaphosa, que hay que seguir llevando a cabo "reformas". 

La realidad en la calle es que el nivel de vida promedio es mucho más alto para la comunidad blanca que para la gente negra. En general, los hogares blancos tienen un poder adquisitivo significativamente mayor que los hogares de otras etnias, aunque se han observado disminuciones leves en los ingresos en los últimos años. Las disparidades de ingresos entre los grupos raciales persisten hoy: 676.375 rand sal año frente a los 417.431 de personas indo-asiáticas, 260.816 de personas de color y 143.632 de personas de origen africano negro. Son datos del Departamento oficial de Estadística del país, referidos a 2022-2023. 

Un pequeño número de grandes empresas de propiedad blanca han dominado varios sectores de la economía sudafricana, como el campo y la minería, lo que ha llevado a que se consideren oligopolios y carteles, que influyen en las políticas económicas en su beneficio. Los blancos ocupan el 62,1% de los puestos de alta dirección, a pesar de que sólo representan el 7,7% de la población económicamente activa del país, según un informe reciente de la Comisión para la Equidad en el Empleo de Sudáfrica.

El Gobierno ha intentado cambiar esta situación a través de lo que llama leyes de "empoderamiento económico" y "equidad en el empleo". La primera ha tenido un recorrido menos espinoso, pero la segunda norma incluye objetivos estrictos para las empresas destinadas a aumentar el número de empleados no blancos y eso ha hecho que algunos miembros de minorías raciales consideren que les dificulta la obtención de empleo y contratos gubernamentales. Entre los críticos, de nuevo, se encuentra la Alianza Democrática, que a pesar de ser parte de la coalición gobernante, ha impugnado el articulado en los tribunales la Ley de Igualdad en el Empleo enmendada, afirmando que "marginaría a muchas más personas de nuestra economía de lo que ya están".

Pese a estos desajustes y debates, en las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos no se cita esta supuesta persecución. No hay rastro en el informe anual de Amnistía Internacional (AI) ni en el de Human Rights Watch (HRW). El pasado año, "persistieron los altos niveles de violencia de género; los perpetradores gozaban de impunidad, y el Defensor del Pueblo determinó que el sistema de justicia penal había fallado a las víctimas. La tasa de homicidios se mantuvo alta y la capacidad de la policía para investigar adecuadamente estos crímenes disminuyó. La policía no brindó protección a los defensores de los derechos humanos amenazados", dice el primero. 

"El Departamento de Educación Básica incumplió su promesa de erradicar las letrinas de pozo en las escuelas. La Ley del Seguro Nacional de Salud se promulgó, lo que desencadenó impugnaciones legales. Hubo escasez de agua en todo el país. El gabinete aprobó un libro blanco que amenazaba con erosionar los derechos de las personas refugiadas. La policía continuó haciendo un uso excesivo de la fuerza. La Comisión Presidencial sobre el Clima concluyó que, a pesar de los firmes compromisos para abordar el cambio climático, el progreso era lento", ahonda. 

"En 2024, el Congreso Nacional Africano, que gobernó el país durante 30 años, perdió su mayoría parlamentaria. Si bien las elecciones transcurrieron pacíficamente, el período previo a las elecciones se vio empañado por un aumento del discurso de odio antiinmigrante que culpaba a los extranjeros de las dificultades económicas del país. Sudáfrica se encuentra entre los seis países con las tasas de feminicidio más altas del mundo, y la violencia sexual sigue siendo una pesadilla persistente y endémica para las mujeres sudafricanas", destaca la segunda entidad. No hay referencias a genocidios.

En marzo, un grupo empresarial dijo que cerca de 70.000 afrikáners habían expresado interés en mudarse a EEUU tras la oferta de Trump, de una población estimada de 2,5 millones en el país. Tras el primer vuelo chárter, sin embargo, no hay más anunciados. El censo más reciente de Sudáfrica, realizado en 2022, muestra que las personas de color constituyen la minoría más numerosa, representando el 8% de la población. Les siguen las personas blancas, incluyendo afrikáners, con un 7%, y los asiáticos con un 3%.

La embajada norteamericana en Sudáfrica publicó una declaración aclarando los criterios para el reasentamiento, diciendo que cubrían a personas de cualquier minoría racial, no sólo a los afrikáners, que pudieran citar un incidente de persecución pasada o temor a persecución en el futuro. 

En cualquier caso, el Gobierno nacional permitió que la embajada atendiera las solicitudes presentadas dentro del país, y no fuera, a la llegada a destino, como suele hacerse, y que el grupo de granjeros abordara un vuelo desde el principal aeropuerto internacional de Johannesburgo, unas escenas que poco tienen que ver con el cruce de fronteras a la desesperada a que se ven obligados habitualmente los solicitantes de asilo en el mundo. 

Las otras razones, de Israel a Irán

Trump no sólo ha atacado a Sudáfrica desde su vuelta al poder por el tema de los africaners, sino que suspendió toda ayuda y cooperación exterior con Sudáfrica, alegando que el país confisca tierras a granjeros blancos y mantiene una postura hostil hacia Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Pretoria ha denunciado un genocidio en Gaza. También en ese mes fue expulsado de Estados Unidos el entonces embajador sudafricano en Washington, Ebrahim Rasool, designado como persona non grata por sus críticas contra Trump.

Y mientras Washington considere que existe discriminación contra los afrikáners, Trump ha reiterado que Estados Unidos no participará en ningún evento del G20, que este año acoge el país de Mandela. Tras el choque de este miércoles con Ramaphosa, volvió a poner en duda su asistencia a la cumbre de presidentes del G20 que se celebrará en Johannesburgo, el 22 y el 23 de noviembre. "Creo que, sin Estados Unidos, (la cumbre) realmente no es muy importante porque ya no es la misma reunión", declaró el magnate, insistiendo con orgullo en la importancia de la primera potencia del planeta. 

Volvamos sobre Israel. Sudáfrica presentó su polémico caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia a principios de 2024, colocando a un país en desarrollo, sin un peso diplomático importante, al frente del movimiento propalestino en un momento especialmente divisivo. La decisión de Sudáfrica generó tensiones con los EEUU de Joe Biden y con otros países occidentales, que rechazaron la acusación.

Pero la reacción de Trump ha sido mucho más contundente, citando el caso contra Israel en una orden ejecutiva del 7 de febrero que sancionó a Sudáfrica y suspendió toda la ayuda y asistencia estadounidense. La orden afirmaba que Sudáfrica había adoptado "posiciones agresivas hacia EEUU y sus aliados" -ahí estaba la clave-, y que el caso demostraba su apoyo al partido-milicia Hamás.

Sudáfrica ha apoyado desde hace tiempo al pueblo palestino y criticado a Israel porque entiende que aplica la misma política de apartheid que sufrió su pueblo. Sin embargo, si bien el Ejecutivo ha intentado distinguir entre esa ayuda y cualquier apoyo a Hamás, las distinciones se han confundido, con gestos como el del nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela recibiendo a funcionarios del grupo armado en una visita a Sudáfrica, en 2023. Hamás ha sido catalogado como organización terrorista por Washington o Bruselas.

La orden ejecutiva de Trump añadía otra acusación a Sudáfrica: que estaba fortaleciendo peligrosamente sus lazos con Irán mediante acuerdos comerciales, militares y nucleares. Sudáfrica mantiene relaciones diplomáticas con Irán, pero afirmó no tener ningún acuerdo con este país sobre armas nucleares, aunque permite a Teherán presentar ofertas, junto con otros países, para un contrato comercial para construir un reactor nuclear que genere electricidad.

El Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica, un instituto de investigación sin fines de lucro, dijo que Trump estaba "reaccionando exageradamente" a la relación de Sudáfrica con Irán, pero Sudáfrica "tampoco debería sorprenderse si se los juzga por las compañías que frecuentan". El momento, para el republicano, es de sacar las uñas y presionar porque justo está negociando nuevamente el programa nuclear del régimen de los ayatolás. 

Toda esa es la intrahistoria de un grupo de blancos acogidos como supervivientes en la América (sic) de Trump.