El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y más de 700 marines en Los Ángeles, ante la escalada en las protestas contra las redadas migratorias ordenadas por su Gobierno en la ciudad californiana. La decisión del republicano es una imposición sobre la autoridad del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que ha calificado todo este despliegue de "provocación deliberada".

En la última semana, al menos 118 inmigrantes han sido arrestados en operativos realizados en varias partes de la ciudad, generando un ambiente de persecución. Cuando los ciudadanos se han echado a la calle para pedir la protección de sus convecinos, ha saltado la tensión: las multitudes se han agrupado ante direcciones donde supuestamente iba a haber más redadas, de comercios a domicilios, formando cordones humanos de dignidad. 

Sin embargo, Trump y su equipo entienden que los manifestantes se han tornado cada vez más "agresivos", hasta el punto de llamarlos "insurrectos", y han decidido optar por la mano dura. Las granadas aturdidoras, el gas lacrimógeno y los disparos con pelotas de goma se han convertido en la tónica habitual de los últimos cuatro días. Aunque la intensidad de los choques entre los participantes en las concentraciones y los uniformados ha bajado en las últimas horas, el extra de blindaje anunciado por el mandatario republicano hace tener más fiebre. 

Estas son las claves de un conflicto de principios, complicado con el choque entre políticos de distinto signo, una evidencia más de la polarización de EEUU. 

Por el principio: el porqué de las protestas

El estallido de rabia que monopoliza la actualidad en EEUU tuvo lugar el pasado viernes. Entonces, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó varias redadas en distintos puntos de Los Ángeles que llevaron al arresto de al menos 44 personas en el distrito de Westlake, el centro y el sur de la metrópoli. 

Para llevar a cabo esos arrestos se está aplicando una norma de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite expulsiones masivas de personas indocumentadas sin garantía judicial alguna. Los arrestos superan ya el centenar, como decíamos. 

¿Y qué es el ICE? Pues es la agencia federal que identifica a las personas que se encuentran de forma irregular en EEUU y lleva a cabo arrestos y deportaciones. Cuando Trump regresó al poder en enero -aunque parezca que fue hace mucho más-, prometió deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados ya en sus primeras horas en el Despacho Oval. Desde entonces, los arrestos han aumentado. Los datos de la cadena CBS muestran que ya han superado los 100.000 en todo el país, en esta temporada dos del republicano. 

Una multitud salió de pronto a manifestarse en contra de estas detenciones y a concentrarse en lugares donde llegaban rumores de nuevas actuaciones policiales. La BBC, por ejemplo, narra cómo fue rodeado un Home Depot, una megatienda de bricolaje, hasta donde personas sin papeles se desplazan cada mañana esperando que les llamen para alguna chapuza de pintura, montaje o carga. Al final las autoridades sostienen que no hubo arresto alguno allí, pero la desinformación y el miedo también tienen su protagonismo en esta crisis. 

El despliegue

A Trump lo que realmente le molesta es la resistencia y eso le llevó a ordenar, de inicio, el despliegue a más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional al menos durante 60 días para repeler las protestas y resguardar el edificio federal de inmigración, ubicado en pleno corazón de Los Ángeles. Estas tropas, compuestas por una fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas, se activa para misiones especiales y esta vez supuso la primera en 60 años que se despliegan sin la autorización previa del gobernador del estado en cuestión. 

Esta controvertida decisión aumentó la tensión en las calles a lo largo del fin de semana, y la protesta de altos funcionarios californianos como el gobernador Gavin Newsom, un demócrata carismático y que, un día cercano, podría tener aspiraciones de convertirse en presidente de EEUU. Esta pasada madrugada, y visto que la presión policial no surtía efecto, la Administración Trump ha anunciado el despliegue de 2.000 agentes más de la Guardia Nacional, más 700 marines. 

Estos últimos podrían estar ya patrullando Los Ángeles esta misma noche, en una escena inconcebible: militares en las calles de una ciudad de la primera potencia del mundo y no precisamente para ayudar en una emergencia o catástrofe. Casi distópico y, desde luego, una prueba de fuego también de la obediencia de los uniformados respecto a su presidente. 

La duda es sobre hasta dónde puede llegar el poder de todos estos uniformados. Una vez desplegadas, estas fuerzas podrán proteger a los agentes y los edificios federales contra ataques de manifestantes, dice Washington, pero no podrán realizar redadas migratorias ni vigilar las calles de la ciudad en general, porque chocan las competencias. La orden de Trump no especificó cuándo podrían usar la fuerza -como arrestar o disparar a personas.-si su Administración considera que una protesta amenaza al personal, las propiedades o las funciones federales. Todo demasiado abierto. 

Y no se va a limitar a Los Ángeles: ya este lunes, han tenido lugar nuevas manifestaciones en puntos muy distantes del país, desde Tampa (Florida), hasta Boston, (Massachusetts), Houston (Texas) o Nueva York (en el estado del mismo nombre). Sólo en San Francisco, también en California, más de 150 personas fueron arrestadas el domingo por la noche tras manifestarse contra el ICE. Un 50% de los estadounidenses se opone hoy a estas deportaciones, indica una encuesta de YouGov, frente a un 39% que las apoya. 

Especial empeño en no callar tienen las comunidades latinas, que son las que más están sufriendo estas redadas hasta ahora, lo que explica la presencia de banderas de países de América Latina en las protestas, y muy especialmente de México, la minoría mayoritaria en zonas como Paramount, la pequeña localidad cercana a Los Ángeles donde se procedió a una de las primeras redadas y donde, según el sitio web municipal que cita EFE, "las estadísticas de delincuencia se encuentran en mínimos históricos". California es el estado más poblado del país y en donde más hispanos viven, con más de 15 millones de personas, según cifras oficiales.

"Una ciudad de delincuentes"

Más allá de las protestas en sí, para entender este choque es imposible dejar en un segundo plano su escenario: California. Hablamos de un estado en el que el 59,18 % de los ciudadanos votó a Newsom como gobernador en 2022. Le sacó más de 19 puntos a su rival republicano, Brian Dahle. En las presidenciales de noviembre pasado, Kamala Harris, la exvicepresidenta y aspirante demócrata, se hizo con el 58,47% de los sufragios, frente al 38,33 de Trump. Para el conservador, es territorio enemigo y de ahí también su empeño en dar lecciones a uno de sus más odiados adversarios políticos. 

Trump describe Los Ángeles como una ciudad "invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales". Su corte no se ha quedado atrás en los ataques. "Los Ángeles no es una ciudad de inmigrantes, sino una ciudad de delincuentes", dice su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Cuna del "desgobierno", que necesita que "restauren el orden", añade el vicepresidente JD Vance. La capital de las "turbas violentas", los "alborotadores", los "insurrectos", añade Stehen Miller, adjunto al jefe Gabinete de Trump. 

Esta última alusión es más que retórica, puesto que la Administración Trump se apoya en otra norma añeja, de 1807, la de Insurrección, que le permite desplegar el Ejército y asumir el control pleno de las unidades de la Guardia Nacional. Se supone que es una norma limitada a desórdenes civiles, insurrecciones y rebeliones armadas. Si señala las protestas como violentas y denuncia que amenazan con dañar los centros federales de detención de inmigrantes, puede insistir en la supuesta rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos.

Trump también se ha referido en estos días a "la autoridad" que le confiere la Constitución "como presidente", lo que podría significar que su gabinete cree que puede arrogarse el poder inherente como mandatario para utilizar tropas en territorio estadounidense a su manera. 

La última vez que un presidente utilizó tropas federales con fines policiales nacionales fue en 1992, cuando el presidente George H. Bush invocó la Ley de Insurrección para reprimir los disturbios generalizados que estallaron en Los Ángeles después de que un jurado absolviera a los agentes de policía que habían sido grabados golpeando al automovilista negro, Rodney King.

De momento, los problemas en California sirven a la Admninistración actual para sus planes ya anunciados en campaña de reforzar sus medios contra la inmigración. "Los disturbios en Los Ángeles demuestran que necesitamos desesperadamente más personal y recursos para hacer cumplir las leyes de inmigración. EEUU debe dar la vuelta a esta invasión provocada por Joe Biden de millones de aliens ilegales que no han sido vetada la entrada a nuestro país. Por eso la ley grande y hermosa del presidente Trump financia al menos un millón de expulsiones al año y contrata a 10.000 nuevos agentes del ICE, a 5.000 nuevos funcionarios de aduanas y a 3.000 nuevos agentes de la frontera", ha defendido la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Adversario a batir

Dependiendo de la narrativa que use la Casa Blanca, para ellos las protestas de estos días pueden serlo, aunque desde luego no es así para las autoridades californianas, que defienden la riqueza que aporta la comunidad migrante al estado. "Los Ángeles tiene una orgullosa historia de protestas pacíficas por los derechos de los inmigrantes. Debemos continuar ese legado; no caigamos en la trampa de la administración Trump. Protestemos pacíficamente. No se tolerarán los saqueos ni el vandalismo", avisó este lunes la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Demócrata, negra y defendida por ejemplo por la senadora Elizabeth Warren, una de esas rojas que tanto disgustan al mandatario. 

Por su parte, el gobernador Newsom ha alegado que nunca solicitó el despliegue de Guardia Nacional y que desde su llegada el conflicto no ha parado de crecer, en vez de frenarse. "No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Rescindan la orden", informó en un escrito.

Definidos los bandos se entienden mejor las amenazas cruzadas: el demócrata va a denunciar al republicano por el "ilegal" e "incendiario" despliegue de fuerza, unos efectivos que, además, dice que están durmiendo en el suelo y con poca comida porque la Administración federal no los atiende como es de debido. Y el republicano, por su parte, ha expresado públicamente las ganas que tiene de detener al demócrata por su inacción. Sostiene que sin la Guardia Nacional este gestor "incompetente" habría visto cómo Los Ángeles quedaba "totalmente aniquilada". 

Pese a la amenaza putinesca de detener a un opositor, el llamado "zar de la frontera" del presidente estadounidense, Tom Homan, ha intentado rebajar la tensión en las últimas horas diciendo que no hay planes para arrestar al gobernador de California. Pero él mismo, apoyando a Trump, había dicho antes que cualquier funcionario estatal que obstaculice la aplicación de las leyes federales de inmigración podría enfrentar cargos de obstrucción de la justicia.

Newsom se encuentra en un momento de sprint, porque dice la prensa norteamericana que sus intenciones de pelear por la Casa Blanca son reales. "Está apelando al centro político y tratando de deshacerse de su reputación a nivel nacional como una figura liberal de San Francisco mientras contempla su próximo movimiento profesional", sostiene la agencia AP. Por ahora, el Partido Demócrata no ha abierto el melón de la sucesión del tándem Biden-Harris para las elecciones de 2028, pero sí que trata de redoblar los frentes contra los republicanos ante un horizonte más cercano, las elecciones de mitad de mandato del año que viene, que suelen usarse para dar una reprimenda al Gobierno en ejercicio. Es el momento en el que los progresistas confían en dar el primer zarpazo al trumpismo y crisis como la de California ayudan al desgaste. 

Para eso queda mucho. Trump tiene, mientras, lo que quería. Lejos de estar preocupado, el mandatario se mueve como pez en el agua en las polémicas y los conflictos. California y Newsom caen mal en la amplia base de su electorado más fiel y si a eso se le añade el condimento de la migración, queda una receta estupenda para sus intereses: mano dura, vía policial y militar, cero negociación y coordinación entre administraciones. competencias pisoteadas, defensa de la ley y el orden y de los intereses de "América (sic) primero y desprecio a los rivales progresistas. Que no pierda de vista que su popularidad está en un 43% y bajando.