El acceso a determinadas profesiones en España no depende únicamente de la vocación o la experiencia. En muchos casos, la legislación establece requisitos académicos estrictos que deben cumplirse para poder ejercer legalmente. Estas profesiones, conocidas como “reguladas”, están sujetas a normativas específicas que garantizan la calidad del servicio y la protección del interés público.

La regulación profesional en España responde a una necesidad de control y garantía de competencias. En sectores como la salud, la ingeniería o la educación, el Estado exige que los profesionales cuenten con una formación universitaria concreta, homologada y, en algunos casos, complementada con másteres habilitantes o colegiación obligatoria.

El ámbito sanitario es uno de los más estrictamente regulados. Para ejercer como médico, enfermero, farmacéutico, dentista, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, dietista-nutricionista, podólogo u óptico-optometrista, es imprescindible haber cursado un grado universitario específico. Además, en muchas de estas profesiones, la colegiación en el correspondiente colegio profesional es obligatoria para poder ejercer.

Las ingenierías también forman parte del grupo de profesiones reguladas. Existen dos niveles: los ingenieros técnicos (como el técnico industrial, agrícola, de telecomunicación, de minas, de obras públicas, aeronáutico, forestal, naval o en topografía) y los ingenieros superiores (como el ingeniero industrial, de caminos, canales y puertos, de telecomunicación, aeronáutico, agrónomo, de montes o naval y oceánico). En todos los casos, se requiere una titulación universitaria específica, y en el caso de los ingenieros superiores, suele ser necesario completar un máster habilitante tras el grado.

La arquitectura también está regulada en dos niveles: arquitecto técnico y arquitecto. El primero requiere un grado específico, mientras que el segundo exige además un máster habilitante.

En el sector educativo, para ser maestro en educación infantil o primaria, se necesita un grado universitario específico. Para ejercer como profesor de educación secundaria, bachillerato, formación profesional o enseñanzas de idiomas, es obligatorio contar con un grado universitario en la especialidad correspondiente y haber cursado el Máster en Formación del Profesorado, que sustituye al antiguo CAP (Curso de Adaptación Pedagógica).

El ejercicio de profesiones jurídicas también está regulado. Para ser abogado o procurador de los tribunales, es necesario contar con un grado en Derecho y completar un máster habilitante, además de superar una evaluación nacional. Esta regulación busca asegurar que los profesionales del derecho posean los conocimientos técnicos y éticos necesarios para representar a los ciudadanos ante la justicia.

Existen otras profesiones menos visibles pero igualmente reguladas. Por ejemplo, el psicólogo general sanitario debe contar con un grado en Psicología y un máster habilitante. También están reguladas profesiones como la de logopeda, dietista-nutricionista, ingeniero agrónomo, ingeniero técnico forestal, entre otras.