El tratamiento fiscal de los títulos nobiliarios en España se articula principalmente a través del modelo 600 del ITP-AJD, que debe presentarse ante la Agencia Tributaria. Este impuesto grava la transmisión de derechos, entre los que se incluyen los títulos nobiliarios, ya sea por herencia, cesión o rehabilitación. La base imponible se fija en una cantidad determinada por la normativa estatal, y no varía en función del valor simbólico o histórico del título, sino que responde a una tarifa fija. En 2025, esta tarifa se sitúa en torno a los 2.700 euros por título.

A diferencia de otros bienes hereditarios, los títulos nobiliarios no generan rendimientos económicos directos, lo que hace que el pago del impuesto pueda resultar especialmente gravoso para quienes los heredan. Además, no existe una exención específica para estos casos, por lo que el heredero debe asumir el coste íntegro del tributo, independientemente de su situación económica o del valor sentimental del título.

En el caso de los no residentes en España, la situación no varía: también están obligados a autoliquidar el impuesto ante la Agencia Tributaria española. La normativa establece que, con independencia del lugar de residencia del titular, la transmisión de un título nobiliario debe ser declarada y gravada en España. Esto ha generado cierta controversia entre descendientes de linajes históricos que residen en el extranjero y que se ven obligados a cumplir con una obligación fiscal en un país en el que no tributan habitualmente.

Por otro lado, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones también puede aplicarse en función de la comunidad autónoma en la que se formalice la sucesión. Algunas regiones, como Madrid, han introducido bonificaciones significativas en este impuesto para determinados grupos de parentesco, lo que puede reducir la carga fiscal en caso de herencia de un título nobiliario. Sin embargo, estas bonificaciones no siempre se aplican automáticamente, y requieren que el heredero cumpla con ciertos requisitos formales y documentales.

La rehabilitación de un título nobiliario —es decir, su recuperación tras haber quedado vacante o sin uso— también está sujeta a tributación. En estos casos, el solicitante debe abonar el impuesto correspondiente antes de que el Ministerio de Justicia emita la Real Carta de Sucesión. Este proceso puede prolongarse durante meses y conlleva, además del pago del tributo, la presentación de pruebas genealógicas y documentación legal que acredite el derecho al título.