Una OPA "muy negativa" en términos de empleo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles las condiciones impuestas por el Gobierno al BBVA.

Algunas de esas condiciones son exigir que en los tres próximos años las entidades operen de forma independiente y que en ese periodo no se pueda realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer y es intentar evitar una operación que es muy negativa para nuestro país. La concentración bancaria en España es un riesgo sistémico", ha subrayado Yolanda Díaz en los pasillos del Congreso este miércoles.

La vicepresidenta ha indicado que España ya es un país con un elevado grado de concentración bancaria, por lo que la operación supone agudizar la "exclusión financiera" de zonas rurales, y de no haber impuesto condiciones se hubiera despedido a entre 5.000 y 10.000 personas.

"Por tanto, el Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer. Y es, en el marco legal, poner condicionantes clarísimos para evitar lo que el BBVA, a día de hoy, pretende", ha señalado Díaz, que en su opinión es despedir a gente.

Bustinduy defiende las condiciones impuestas

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también ha defendido las condiciones impuestas por el Ejecutivo, que a su juicio "buscan salvaguardar el interés general".

Bustinduy ha apostillado que desde la perspectiva de su departamento es "fundamental" garantizar los derechos de los consumidores, pues la experiencia ha demostrado que la concentración y la falta de competencia en el sector bancario se ha traducido en que la gente "se ha quedado sin sus oficinas, tiene peores condiciones y recibe un peor servicio".

"Lo que hemos hecho es poner las condiciones para que no sea así, que los consumidores no paguen las veleidades o los intereses económicos de un puñado de multinacionales", ha remachado.