Han pasado seis años desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés y abogara por su "íntegro cumplimiento" de las condenas hasta que celebrara, este mismo jueves, el aval del Tribunal Constitucional a la ley de Amnistía aprobada en el Congreso. "Una muy buena noticia para España", ha dicho Pedro Sánchez desde Bruselas. El órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido ha suturado una herida que se abrió allá por octubre de 2017 pero que aún no se ha curado del todo, acaso cicatrizado un poco.

La decisión del Constitucional supone la superación de una pantalla más hacia la normalización que defiende la norma de la Amnistía y, sin embargo, no tiene efectos sobre Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, los tres todavía en Bélgica, ni tampoco sobre Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, indultados de manera parcial, aunque aún inhabilitados. El recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular presentó ante el Tribunal, y sobre el que este se ha pronunciado, no recogía la malversación, algo que el Supremo considera que no encaja en la Amnistía. Sobre este asunto tendrá que posicionarse más adelante el Constitucional tras los recursos de amparo, pero también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá establecer si el procés supuso un perjuicio para las arcas de la UE, como así defienden los magistrados del Supremo encargados del caso.

Queda, por tanto, la segunda parte de lo que el exdiputado de ERC Joan Tardá dijo ya en agosto de 2019, pocos meses antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, en una entrevista en RAC 1, Tardá avanzó "los objetivos" de los independentistas. "Amnistía y regreso de los exiliados. Será un objetivo democrático de la inmensa mayoría de los demócratas catalanes", comentó. Fue de los primeros en hablar de amnistía como solución al conflicto. En aquel momento, previo a las condenas, tampoco se hablaba siquiera de indultos. Pero llegaron los años de cárcel y una sucesión de elecciones tras las cuales el PSOE, si quería gobernar, necesitaba de la aquiescencia de al menos una parte del independentismo catalán. Y todo cambió.

A pesar de haber negado la medida de gracia durante la campaña electoral, tras las elecciones generales de noviembre de 2019 el PSOE comenzó a valorar la idea del indulto. En enero de 2020, PSOE y ERC acordaron la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya, entonces con Pere Aragonès como presidente. Fue el primer movimiento hacia la desjudicialización del procés. En el texto del acuerdo, los socialistas reconocían la existencia de un "conflicto político" en Cataluña y apostaban por su resolución a través de la "vía política".

En septiembre de 2020, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cogió por sorpresa al conjunto del Parlamento al anunciar, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Junts, Laura Borrás, que el Gobierno comenzaría a tramitar los indultos, en un movimiento que la oposición vio de nuevo como un gesto de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, tanto desde ERC como desde Junts, ya enfrentados, veían el indulto como una suerte de parche. En su opinión, la medida no borraba la condena, sino que tan solo eximía de su complimiento. La amnistía, por otro lado, suponía para ellos la asunción de que no hubo delito.

Desde Moncloa, donde sabían que ya solo los indultos podían suponer un desgaste, necesitaban que el independentismo catalán emitiera algún mensaje en defensa de la medida. Y ese mensaje llegó a comienzos de junio de 2021 con la letra de Oriol Junqueras, quien desde prisión envió una tribuna al diario Ara y a La Sexta en la que reconocía que los indultos suponían un buen "gesto para aliviar el dolor". Sin dejar de defender la amnistía, el líder de ERC aseguraba que cualquier movimiento "en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino”. Apenas unos días después, el Consejo de Ministros aprobó los indultos parciales a los considerados líderes del procés. El presidente del Gobierno enmarcó la decisión en la "necesidad de restablecer la convivencia y concordia en el seno de la sociedad catalana y de la española". Eso sí, ni hablar de amnistía. Meses antes, un Salvador Illa que ya había sido anunciado como próximo candidato a la Generalitat catalana, dijo: "Ni Cataluña será independiente, ni habrá amnistía, ni referéndum de autodeterminación".

Pero de nuevo llegaron las elecciones y, esta vez, Pedro Sánchez necesitaba los votos de Junts si quería ser reelegido presidente del Gobierno. Si las elecciones fueron el 23 de julio de 2023, en noviembre PSOE y Junts rubricaron un acuerdo para la investidura que, por primera vez, fijaba la ley de Amnistía "como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". Medio año después, en mayo de 2024, el Congreso aprobaba de manera definitiva una norma que ahora ha avalado el Constitucional. Habían pasado siete años desde aquel 1 de octubre de 2017.

En estos últimos ocho años han cambiado demasiadas cosas. En Cataluña, los independentistas no solo han perdido la mayoría, sino que profundizan en sus enemistades políticas. Desde agosto de 2024, con la Amnistía ya aprobada, Salvador Illa es presidente de la Generalitat con los votos a favor de los diputados de ERC. Y, quizás lo más reseñable, una casa en el número 34 de la Avenida de l’Avocat, en Waterloo, Bélgica, continúa siendo clave para el sustento de la actual legislatura.