La Conferencia de Presidentes que reunirá este viernes en Barcelona a los barones autonómicos con el Gobierno está abocada al rotundo fracaso incluso antes de que dé inicio. La extrema crispación política, las amenazas de boicot previas y el abultado número de temas a discutir harán inútil el encuentro, pese a que la oposición reclamaba su celebración desde la que tuvo lugar en Santander hace medio año.

Precisamente, algunos de los asuntos que se trataron en aquella cita volverán a ser objeto de discusión este viernes. En Cantabria, Sánchez propuso a las CC.AA. un acuerdo para alcanzar un parque público de vivienda "permanente e irreversible". Ahora, sin alcanzarse esta aspiración, el Gobierno propondrá triplicar el gasto en vivienda hasta 7.000 millones y que las autonomías asuman un 40% de este nuevo presupuesto. Además, planteará que las viviendas de protección oficial lo sean para siempre. El PP, sin ni siquiera negociarlo, ya se ha mostrado en contra de estas medidas y cree que la vivienda "es el juguete electoral" de Sánchez cuando el presidente se ve en apuros por escándalos como el 'caso Koldo' o el más reciente protagonizado por la militante Leire Díez.

Igual suerte parece que correrá la financiación autonómica y la reestructuración de la deuda. La negociación permanece encallada desde hace meses y las CC.AA. del PP acuden a Barcelona con dos peticiones: la inmediata actualización de las entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda. 

Es uno de los ocho puntos que las regiones gobernadas por los populares han impuesto dentro del orden del día. Nuevos diferentes asuntos - algunos de ellos de competencia estrictamente estatal - que se suman a los seis previos que propuso el Gobierno. En total, 14 diferentes temas que cada presidente autonómico debe despachar en apenas diez minutos de intervención. Una agenda inabarcable que el PP obligó a engordar después de que sus barones amagaran públicamente con plantar a Sánchez si no se atendían sus peticiones. 

El Gobierno, obligado por el propio reglamento, aceptó la inclusión de todos esos temas. Sin embargo, el Ejecutivo considera que se trata de una maniobra más de los populares para evitar cualquier posible atisbo de acuerdo. "Cabe preguntarse si pasar de seis temas a dieciséis en una misma reunión ayuda a buscar consensos o si lo que se busca es entorpecer el diálogo", señaló este martes tras el Consejo de Ministros la portavoz Pilar Alegría. 

Al Ejecutivo le sorprende que el PP quiera debatir en este espacio asuntos como proyecto de ley de reforma del Poder Judicial, que es competencia exclusiva del Estado y no de las autonomías. O de la "inquiocupación", que persiguiría desviar el foco de la problemática real sobre la vivienda en España. 

En su programa de máximos, los populares también exigirán al Gobierno derogar la ley de vivienda, prolongar la vida de las nucleares y anular los acuerdos singulares con Cataluña en materia de financiación o migraciones. Puntos que, a todas luces, no encontrarán salida en el encuentro. 

Una reunión que, después del amago de boicot previo de los populares, tampoco tiene asegurado un desarrollo tranquilo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amenazó este jueves con levantarse de la mesa si alguno de los líderes autonómicos habla en una lengua cooficial. “O se habla español o me saldré. No me pondré el pinganillo”, dijo la presidenta madrileña este jueves en la Asamblea de Madrid. Una respuesta contundente después de que el Ejecutivo central viera con buenos ojos esta propuesta de los gobiernos catalán y vasco.

Lo cierto es que aunque los presidentes autonómicos del PP tuvieran el mínimo ánimo de llegar a consensos, la propia agenda de Génova impide dicha posibilidad. Sólo 48 horas después del encuentro en Barcelona, la cúpula del PP ha organizado una manifestación en Madrid contra la "mafia" que - según ellos - representaría el PSOE, con Sánchez como el "capo". Algunos miembros del partido reconocen en privado que sería "difícil de explicar" cualquier acuerdo con el Gobierno en estas circunstancias. Sería, más bien, una incongruencia que Vox aprovecharía para sacar rédito electoral. "O estamos ante una mafia o no estamos ante una mafia. No se puede decir que el Gobierno es una mafia y sentarse con la mafia", ya señaló el martes la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. 

Desde el Gobierno tampoco confían en llegar a acuerdos importantes, pero sí en intentar transmitir una imagen de "normalidad institucional" entre tanto ruido y fango. Que la reunión sea en Barcelona tampoco es baladí, ya que la capital catalana volverá a ser escenario de una reunión con todo el poder político español concentrado, con el jefe del Estado como máxima autoridad y un president socialista, Salvador Illa, como anfitrión.