Ni las abstenciones de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya!, ni los votos en contra de Por Ávila y de los dos ex diputados no adscritos de Vox, han impedido lo que ya es un hecho: por primera vez en 37 años, el PP ha perdido la votación de una ley en las Cortes de Castilla y León. La reforma de la Ley de Publicidad Institucional ha salido adelante este miércoles con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, Vox, Francisco Igea y el de los otros miembros del Grupo Mixto. En total, 41 votos a favor frente a los 34 en contra.

El autor de la proposición, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha calificado la jornada de “día histórico” y ha defendido que la nueva norma servirá para acabar con “más de tres décadas de control de los medios de comunicación por parte del PP”. A su juicio, los populares han usado durante años el reparto de la publicidad institucional para premiar a medios afines y castigar a los críticos, una práctica que se pretende corregir. “Han usado el dinero de todos para silenciar a la oposición y premiar a quien les reía las gracias. Eso hoy se acaba”, ha declarado el diputado morado desde la tribuna.

Fernández ha reconocido que el texto no es perfecto. “Sí, esta proposición de ley tiene fallos, pero se pueden remediar. Lo importante es que hoy abrimos la puerta a un reparto justo y transparente”, ha señalado, mientras ha defendido el valor simbólico de la aprobación: “Por primera vez en 37 años, una ley se aprueba en estas Cortes con el único voto en contra del PP”. El portavoz de Unidas Podemos ha sostenido que el objetivo de la ley es el de garantizar la pluralidad informativa, evitar el clientelismo y dar oxígeno a los medios más pequeños: “Con esta ley se termina con la instrumentalización de los fondos públicos para beneficiar a medios amigos”.

El nuevo texto introduce varias modificaciones clave. La más relevante es la limitación del gasto que podrá recibir cada medio: la publicidad institucional de la Junta no podrá superar el 33% de su facturación anual. También se impide contratar campañas con medios condenados en dos ocasiones, en un periodo de tres años, por vulnerar derechos fundamentales como el honor, la intimidad o la propia imagen, o por incurrir en delitos de odio. Además, se prevé la creación de un órgano para fiscalizar los contratos con Castilla y León Televisión y se obliga a revisar su financiación actual —24,5 millones de euros en 2025 y 23,5 en 2026— mediante un nuevo concurso en el plazo de tres meses.

“Chapuzas”, “censura” y “acuerdo inédito”

La respuesta del PP ha sido contundente. Su portavoz, Raúl Hernández, ha calificado la norma de “bodrio legislativo” y ha acusado a sus impulsores de actuar “por odio hacia el PP y rencor personal contra algunos medios”. Según ha dicho, esta ley forma parte de una estrategia del Gobierno central para “amordazar e intimidar” a los medios críticos con Pedro Sánchez. “Esto no va de pluralidad, va de censura”, ha afirmado. También ha lamentado que Vox se haya sumado al bloque de izquierdas, y ha denunciado que se haya negado al PP la ampliación del plazo de enmiendas. “Esta ley no responde al interés general, sino a intereses partidistas”, ha concluido.

Desde Vox, en cambio, el procurador Miguel Suárez Arca ha defendido su apoyo al considerar que se ha producido “un acuerdo inédito” fruto de un “diálogo leal”, en el que se han incorporado la mayoría de enmiendas planteadas. Ha sostenido que la norma no pretende controlar a los medios, sino controlar a la Junta y evitar que el dinero público sirva como herramienta de presión o premio político. Ha subrayado que los límites introducidos permiten diversificar la contratación y fomentar la competencia entre medios, garantizando así que los recursos públicos se utilicen en beneficio del interés general.

El PSOE también ha defendido la reforma como una herramienta necesaria para despolitizar el reparto de la publicidad institucional. La procuradora socialista Nuria Rubio ha lamentado el bloqueo del PP a un acuerdo transversal y ha reprochado a los populares que hayan optado por “instrumentalizar la ley como un arma de propaganda y castigo”. En su opinión, la derecha castiga a los medios que trabajan con independencia y premia a los que siguen su línea editorial. “Como toda ley es mejorable y desde el PSOE estamos dispuestos nuevamente al diálogo y al consenso, por responsabilidad y porque es nuestra obligación como representantes públicos”, ha añadido.

El grupo UPL-Soria ¡Ya! ha optado por la abstención. Su portavoz, Luis Mariano Santos, ha reconocido que el límite del 33% puede poner en riesgo a los medios más pequeños, para quienes la publicidad institucional supone una fuente de ingresos indispensable. Ha reclamado una futura corrección de ese punto concreto. “En un mundo ideal sería estupendo que los propios medios de comunicación pudieran subsistir sin la publicidad institucional, pero hoy por hoy forma parte del modelo de negocio”, ha explicado.

Francisco Igea, procurador del Grupo Mixto y exvicepresidente de la Junta, ha respaldado la ley con una firme defensa de la independencia periodística. A su juicio, esta norma es un instrumento para proteger a los periodistas que no trabajan “a sueldo de una administración”. Durante su intervención, ha denunciado que hay presiones que consiguen cambiar contenidos “en cuestión de cinco minutos” y ha reivindicado el papel de quienes arriesgan su trabajo por contar la verdad. “Este país no sería el mismo sin la prensa libre”, ha afirmado.

El debate lo ha cerrado el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto, que ha cargado con dureza contra la reforma, a la que ha calificado de “auténtico disparate”. Ha negado que la Junta haya presionado jamás a medios ni procuradores, y ha rechazado las acusaciones de prácticas mafiosas: “Esa práctica es propia del comunismo, no de un partido liberal como el PP”, ha dicho. Según ha concluido, los promotores del texto no buscan mejorar el sistema, sino vengarse del PP.