Hay momentos que definen una etapa política. No por su ruido ni por su duración, sino por lo que revelan sobre quién está dispuesto a dar la cara por su país y quién prefiere apartarse. La aprobación esta semana del Real Decreto-ley 4/2025 en el Congreso fue uno de esos momentos. Ante una amenaza directa a la economía española, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez respondió, la mayoría de la Cámara Baja no falló y la derecha, una vez más, se borró.

La situación no admite equívocos. Una mayoría sabemos que, ante una amenaza real, hay que responder sin excusas. Estados Unidos ha impuesto aranceles del 10% y del 25% a productos clave: acero, aluminio, automóvil, agroalimentario, farmacéutico. Una decisión arbitraria, unilateral y perjudicial para los intereses de Europa y, por supuesto, de España. Aunque nuestro país no es de los más expuestos —de hecho, organismos como el FMI han mejorado sus previsiones sobre España, elevando su perspectiva de crecimiento para 2025 del 2,1% en enero al 2,5% en abril—, entendemos la gravedad del contexto. Y sabemos que la mejor manera de evitar el impacto es actuar antes de que sea demasiado tarde.

En esta votación, nada se le podía reprochar al Gobierno de España, que está liderando la reacción con rapidez y diálogo. Hemos sido el primer país de la Unión Europea en presentar una estrategia nacional frente a esta agresión comercial. Un plan de 14.100 millones de euros para proteger a nuestras empresas exportadoras y a los empleos que dependen de ellas. Y para ayudarles y reforzar su competitividad. El Gobierno ha hecho partícipes de las soluciones a los agentes económicos y sociales, a las comunidades autónomas y a los grupos parlamentarios.

Esta semana, el ministro de Economía explicó que más de 1.150 empresas han respondido ya a las encuestas del ICEX. Siete de cada diez anticipan una caída de su facturación en Estados Unidos, y una de cada dos cree que el daño será estructural. La mayoría reclama apoyo, y el decreto que hemos aprobado se lo da: les ofrece liquidez, acceso a financiación, asesoramiento, cobertura frente al riesgo comercial y nuevas oportunidades en otros mercados. Les da lo que necesitan para resistir y crecer.

En situaciones como esta, cabría esperar unidad. Podríamos pensar que, ante un ataque externo, todas las fuerzas políticas actuaríamos juntas. Pero no fue así. El Partido Popular y Vox eligieron otro camino. Votaron en contra. Otra vez. Igual que hicieron con la revalorización de las pensiones, que bloquearon sin reparo, forzando una nueva votación, solo por dañar al Gobierno. Y esta semana, una vez más, repitieron la jugada: bloquear, desgastar, esperar.

Afortunadamente, la mayoría del Congreso sí estuvimos a la altura. El decreto salió adelante con el respaldo de quienes entendemos que todos estamos obligados a asumir responsabilidades y que lo más importante es proteger a España, ayudar a sus empresas, defender su industria y garantizar empleo en cada comunidad autónoma. Con criterios de reparto justos; con comparecencias periódicas del ministro para rendir cuentas; con mecanismos de evaluación y revisión; con una respuesta adaptable, que permite activar nuevas medidas si el conflicto escala; incluso con la posibilidad de poner en marcha un Mecanismo RED para evitar la pérdida de empleo.

La legislatura no está perdida, por mucho que algunos lo repitan. Lo que está ausente es la voluntad de la derecha de ejercer una oposición responsable. Se trata de entender que, cuando la amenaza viene de fuera, España tiene que estar unida. Y que no se defiende una bandera si no se defienden también los intereses reales de quienes viven bajo ella.

España ha demostrado esta semana que sabe responder, que puede ser referente en Europa, que puede liderar con eficacia y serenidad. Y eso es motivo de orgullo. Pero también una llamada de atención. Porque, mientras una parte del país trabaja para avanzar, hay quienes siguen esperando que nos detengamos.

Obviamente, no lo haremos. Las y los socialistas continuaremos poniendo todo nuestro empeño para que así sea: para que España siga creciendo, generando empleo, reduciendo desigualdades y mejorando su cohesión social y territorial.

Patricia Blanquer es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputada por Alicante.