Tenían una idea brillante, una tecnología funcional, financiación inicial y un cliente dispuesto a apostar fuerte: Mango. Todo listo para convertir la Rugulopteryx okamurae, un alga invasora que ahoga las costas andaluzas, en un producto útil y comercial. Pero el proyecto se ha estrellado contra la normativa ambiental vigente. El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado el permiso clave, y con él, ha paralizado una iniciativa con potencial económico, ecológico y social.

De acuerdo con Europa Sur, el proyecto SeaSoft, nacido en la Sociedad de Educación Permanente de Tarifa (Seper Tarifa), buscaba fabricar plantillas para calzado a partir del alga invasora. Las pruebas dieron en el clavo: con 300 gramos de alga fresca se podía hacer una plantilla de calidad y coste equivalente a una de plástico. La empresa alicantina Eldaplant fabricó con éxito los primeros 3.000 prototipos, lo que permitió cerrar un acuerdo con una filial de Mango para suministrar cuatro millones de unidades. Además del impacto económico, el plan habría supuesto la retirada de más de 1.200 toneladas de biomasa marina de las costas del Campo de Gibraltar.

“Conseguimos el proceso de fabricación, el cliente y hasta una inversión de 100.000 euros para arrancar la producción”, explica Antonio Vegara, profesor de la Seper y coordinador del proyecto. La iniciativa también contemplaba instalarse en la pedanía de Tahivilla como fórmula para dinamizar zonas rurales en riesgo de despoblación.

Veto del Ministerio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha denegado formalmente la autorización para la recolección y uso comercial del alga. El argumento: la especie está catalogada como exótica e invasora, y su aprovechamiento solo puede darse en el contexto de planes de gestión aprobados por la comunidad autónoma.

La decisión se ampara en la legislación vigente, tanto española como europea, que regula de forma estricta el uso de especies invasoras con fines comerciales. Según esta normativa, el aprovechamiento de la Rugulopteryx okamurae solo puede autorizarse si existe un plan autonómico que establezca cómo se recoge y utiliza la biomasa. Como la Junta de Andalucía aún no ha activado ese plan, el Gobierno central traslada la responsabilidad a la comunidad. El resultado: bloqueo institucional.

“El Gobierno dice que no puede autorizarlo sin ese plan, y la Junta dice que no puede hacer nada sin respaldo del Gobierno. Y mientras tanto, seguimos igual”, lamenta Vegara. El caso recuerda al de Futuralga, otro intento de reutilizar esta misma alga para fabricar bandejas biodegradables, también frenado por el marco legal.

“Era un proyecto redondo”, insiste. “No hacía falta recolectar algas limpias, podían ir mezcladas con arena. Y teníamos un cliente de escala internacional apostando fuerte.” Mango, según confirma, se había comprometido a invertir 100.000 euros a fondo perdido para poner en marcha la producción inicial.

Un antiguo alumno del centro, hoy abogado, prepara un recurso de alzada para tratar de revertir la decisión del Ministerio. “Cada acción tiene una consecuencia”, resume Vegara. “No solo queremos revertir la negativa del Miteco, queremos que alguien asuma responsabilidades. No puede ser que los pescadores capturen más algas que peces y nadie haga nada.”